El legado constitucional del presidente Andrés Manuel López obrador no solamente son las 20 iniciativas que ha enviado al Congreso de la Unión, sino todas las que se han presentado durante los casi 6 años de gobierno; algunas ratificadas en su intención y otras impugnadas ante la SCJN por considerarse inconstitucionales.
Las presentadas en el 107 aniversario de la Constitución, son un mensaje claro sobre quienes recaerá el costo político, de no aprobarlas en este último periodo legislativo.
De las muy diversas materias que se propone modificar, hay 2 derechos constitucionales que de manera importante llaman la atención; el derecho a la información y la transparencia, señalado como un derecho de acceso a toda la población mexicana; y que en la iniciativa presentada por el Presidente se propone la desaparición del INAI y otras instituciones autónomas; donde no se violenta el derecho constitucional a la información y transparencia, sino que se busca que se obtenga de forma inmediata, sin el procedimiento burocrático oneroso que tiene una carga multimillonaria al erario; es decir, buscar el método normativo para que este y otros derechos ya contraídos en la Constitución, resulten prontos, expeditos y gratuitos para toda la población mexicana, sin la presencia de paralelismos administrativos que hacen obesa la administración pública.
Así, otros entes de la administración pública, desconcentrada y descentralizada, pueden ser sustituidos por oficinas de atención y cumplimiento de sus materias especializadas.
Por otro lado, las pensiones, son una deuda de los derechos sociales, como el trabajo y la Seguridad Social, que tienen en el pago de las mismas, una injusticia cruel y degradante para los millones de pensionados que solamente reciben la mitad o una tercera parte del salario total por el que trabajaron toda una vida.
Si bien el es cierto, que se tiene que garantizar la viabilidad, operativa, financiera, política y social, de todas las iniciativas; el ahorro presupuestal que podría traer la desaparición de tales instituciones podría ayudar en mucho, al cumplimiento del pago de las pensiones de los trabajadores que se encuentren en el supuesto de la reforma, entre otros ahorros y redirecciones del presupuesto.
La oposición integrada por el PRI y el PAN han manifestado conjuntamente su rechazo a todas las reformas propuestas, ninguna de las 20; no forma parte de su agenda política, pues la de ellos es solamente la electoral, sin embargo, los electores sabrán definir muy bien el próximo 2 de junio de 2024, tener una regresión que los llevó a migrar a otro país, por necesidad; tener dos o tres empleos, después de ser pensionados; a vivir rentando de por vida, por no poder accesar a una vivienda digna, y vivir en la intranquilidad que la inseguridad, producto de la desigualdad social crearon los regímenes de los aliados en el frente por México; el pasado reciente del país no ha causado amnesia en la mayoría de los mexicanos. Apenas Ernesto Zedillo nos vino a refrescar la memoria del crimen de Estado que fue el Fobaproa.
El costo político será cargado por la oposición por votar en contra de las iniciativas de reforma constitucional, con sentido social, patriótico y nacionalista que el presidente López Obrador deja como legado a esta última legislatura de su sexenio y a la próxima, desde donde se defenderá la patria con la vida si fuera necesario.
POR RICARDO PERALTA
COLABORADOR
@RICAR_PERALTA
PAL