Las lecciones de la peor crisis energética global de toda la historia han pasado desapercibidas para la Suprema Corte de Justicia, al otorgar a generadores privados un amparo -violando su propio procedimiento de votación- que declara inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en 2021, que recuperaba y rescataba la función rectora del Estado en un área estratégica y de Seguridad Nacional como la industria eléctrica.
Esta crisis mundial ha demostrado claramente la incapacidad del libre mercado y los privados para garantizar el suministro energético a precios asequibles; por ejemplo, en el 2020 la cotización promedio de la electricidad en España fue de 34 euros por megavatio-hora (MWh), para agosto de 2022 registró su máximo histórico por arriba de los 500 euros, condenando a muchas familias a vivir en la obscuridad; mientras que el vórtice polar de principios del 2021, que dejó sin electricidad a Texas, aumentó los precios del gas en 5,000%, pasando de 3 a 200 dólares el millón de BTU.
En este contexto, se presentó en febrero de 2021 como iniciativa preferente reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), para evitar la desaparición de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que la reforma energética de 2013 puso a competir en el mercado eléctrico en condiciones asimétricas, donde 10 empresas extranjeras lo monopolizan con criterios de despacho con costos simulados, que no reflejan el costo unitario y recibiendo un trato ventajoso en las emisiones de Certificados de Energías Limpias.
Las reformas de la LIE posibilitan acabar con los contratos leoninos con Productores Independientes de Energía (PIE), donde predominan 11 empresas extranjeras, que al año de 2022 le habían costado al país 104 mil millones de dólares; terminaba con el régimen de auto abasto ilegal, que ocupa un lugar central en el saqueo de la CFE, al derivar en un mercado paralelo y disfrazado que atenta contra la libre competencia, con un impacto económico para el erario de 488 mil millones de pesos.
Con la LIE aprobada en 2021, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha logrado sortear la crisis energética global poniendo por delante el interés público al no permitir que predomine el lucro, garantizando el servicio eléctrico a todos los mexicanos a precios accesibles.
Los magistrados que han invalidado la LIE de 2021, han colocado a México al borde del abismo energético ante una crisis energética global que no tiene fin, donde los gobiernos del planeta están retomando el control de los sectores estratégicos como la electricidad, poniendo por encima de cualquier interés privado el interés de la colectividad para asegurar en tiempo de tensiones geopolíticas el suministro energético a sus naciones.
En la Cámara de Diputados continuaremos defendiendo la soberanía energética, como lo plantea Claudia Sheinbaum, al señalar que no se puede seguir beneficiando a los privados en detrimento de la CFE, una empresa pública que debemos continuar fortaleciendo, equilibrando el mercado donde todas las partes puedan coexistir.
POR MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
DIPUTADO FEDERAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ENERGÍA
DE LA LXV LEGISLATURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN
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