La conmemoración de los diez años de la reforma constitucional en materia de Transparencia de 2014, que dio paso, un año después, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se convierte en un momento propicio para realizar un análisis de balance y resultados desde las instituciones encargadas de la implementación de dichos cambios jurídicos.
Desde hace meses, desde el Pleno mismo del INAI he sostenido que podemos implementar una reingeniería aprovechando los avances tecnológicos desarrollados en esta década y evaluando qué funciones se han cumplidos, por ejemplo: las direcciones de enlace se crearon para capacitar a los sujetos obligados sobre lo novedoso de dicha reforma, sin embargo, es posible mantener sólo una dirección, pues su función principal ya está cumplida.
En más de 30 años en el servicio público he atestiguado profundos cambios en la administración pública, por ello mismo, no soy adversaria ni me causan temor alguno las reformas; al contrario, siempre veo con beneplácito los cambios porque hablan de que el mundo está avanzando y debemos actualizarnos a la par.
Las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y sus implicaciones en la protección de datos y privacidad reafirman la importancia de contar con una institución técnica y especializada como el INAI.
Por lo tanto, debatir una reforma que el día de hoy se presentará, insisto, no debe causar temor, sino disposición al diálogo, la discusión y al impulso de un debate serio e informado. Tenemos los argumentos legales para defender estos derechos y su continuidad.
Cuando hagan público el documento íntegro, tendremos la tarea de su análisis. Es probable que en esta iniciativa venga el planteamiento reiterado muchas veces de que las funciones del INAI puedan ser realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP). Sí es así, tendremos que insistir una vez más: son tareas y funciones totalmente diferentes.
La ASF fiscaliza a la administración pública y eso es positivo para el país. De hecho, el 20 de febrero se darán a conocer los resultados del año 2022, donde sabremos cómo han manejado los recursos las instituciones de este país, y también, en un ejercicio de plena transparencia, que nos debe llevar a la autocrítica, conoceremos la revisión que se realizó al INAI, derivado también de las denuncias presentadas. Estamos abiertos al escrutinio.
Vayamos al punto: lo que se requiere es una reforma sí, pero que contemple, entre otras cosas, herramientas y mecanismos para sancionar a quien no entrega la información. Ello va relacionado con lo que recientemente Transparencia Internacional recalcó al dar a conocer el Índice de la Percepción de la Corrupción 2023: acabar con la impunidad en los grandes casos de corrupción.
Así que calma y prudencia y la misión de los 4 comisionados es defender los derechos y la autonomía de quien los tutelé, llámese INAI o como se le quiera denominar al ente.
POR JULIETA DEL RÍO
@JULIETDELRIO
COMISIONADA DEL INAI
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