La semana pasada la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver un amparo en revisión determinó que la reforma del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica es inconstitucional, lo cual, por cierto, ya había sido considerado así por una mayoría simple de quienes integran el Pleno, al conocer de la acción de inconstitucionalidad respectiva que fue desestimada por no haber alcanzado los 8 votos que la Constitución exige para expulsar la norma del sistema.
Al iniciar el conocimiento del asunto, el ministro Laynez Potisek se excusó de conocerlo, para no retrasar su resolución, pues la Secretaría de Energía del gobierno federal le presentó el día anterior una solicitud de impedimento.
El artículo 56 de la Ley de Amparo señala que, “cuando uno de los ministros se manifieste impedido en asuntos del conocimiento del pleno o sala, los restantes calificarán la excusa. Si la admiten, éstos continuarán en el conocimiento del asunto; en caso de empate, quien presida tendrá voto de calidad”.
Con base en ello, la excusa fue aprobada por los restantes cuatro integrantes de la sala (3 a favor y 1 en contra). En consecuencia, éstos (los restantes) continuaron con el conocimiento del asunto. Al votar el fondo, el resultado dio un empate (2-2). En consecuencia, el ministro Pérez Dayán, presidente de la Sala, ejerció el voto de calidad que señala el referido artículo.
Ahí explotó la bomba, que desata nuevamente un ataque frontal de parte del Ejecutivo federal y el partido mayoritario contra la Suprema Corte. La razón es sencilla: se trata de una decisión incómoda que no pudo detenerse desde el interior, como sucedió con la acción de inconstitucionalidad a la que hicimos referencia.
La reciente y polémicamente designada ministra Batres Guadarrama se manifestó en sus redes sociales, señalando que: (i) “se dio un albazo”, (ii) el voto de calidad había sido en contravención a la Ley Orgánica, (iii) su voto en contra fue expresado fuera del formato acostumbrado, y (iv) “el fast track no es un buen precedente” para la discusión en temas de relevancia nacional.
Inmediatamente después, además de las acostumbradas declaraciones de confrontación y descalificación, se filtró en medios una iniciativa de reforma constitucional anunciada desde hace meses, que el Ejecutivo federal presentará el día de hoy para, entre otros aspectos, que la forma de elección de las ministraturas sea por el voto popular, de entre quienes él proponga. Gran discusión podemos dar sobre lo desatinado de la propuesta.
Ya nada sorprende, pero hay que ser enfáticos en que el uso del “polémico” voto de calidad no es novedad y tampoco ilegal. Está expresamente previsto en la ley.
Como lo señaló en la sesión el propio presidente de la sala, no es la primera vez que se emite en esa forma. La última ocasión fue en junio del año pasado, en que la ministra Esquivel Mossa presidía esa misma sala. No hay sorpresas ni albazos.
Además, en la mayoría de los órganos colegiados se prevé para que las decisiones no se detengan. Por ello, existe jurisprudencia de la propia Corte que señala que el voto de calidad tiene esa utilidad y es acorde con el principio constitucional de justicia pronta. De por sí nuestra justicia constitucional es lenta, como para retardarla más debido a un empate.
La deliberación y el disenso es propio de los órganos colegiados y de la democracia misma.
El desacuerdo no debe molestar, porque fortalece las decisiones de nuestros tribunales. Desafortunadamente, en los tiempos que corren, la determinación completamente legal de la Corte será utilizada para el contrataque autoritario y el discurso con fines electorales.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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