El 2024 será un año de muchos procesos electorales en el mundo. De las más de 60 elecciones en todo el orbe, en nuestra región tendremos presidenciales en El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay y, eventualmente, Venezuela. Todas, con varios ingredientes: narcotráfico, corrupción y autoritarismo.
En América Latina, los procesos electorales serán sometidos a intensas presiones. La democracia estará a prueba ante una peligrosa disyuntiva: consolidar los incipientes avances democráticos o mostrar efectos regresivos. Peor aún, instaurar regímenes autoritarios, muy cercanos a la dictadura.
El 4 de febrero, (aunque desde enero está habilitado para los que votarán desde el exterior), El Salvador tuvo el primer ejercicio democrático de 2024 en la región.
Con un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 y con una exitosísima campaña contra la delincuencia organizada, en especial contra las pandillas conocidas como mara salvatrucha, Bukele buscará la reelección.
Desde hace dos años han aumentado las detenciones arbitrarias y la persecución de activistas y defensores de los derechos humanos. La población parece estar dispuesta a que le reduzcan sus garantías individuales con tal de mantenerse segura y sin violencia.
Le siguen Panamá y República Dominicana (el 5 y 19 de mayo, respectivamente). En el caso de Panamá hay 10 candidatos; entre ellos, los expresidentes Ricardo Martinelli y Martin Torrijos.
Según algunas encuestas, Martinelli es el favorito, aunque no es seguro que se pueda presentar, tras ser condenado recientemente a casi 11 años de cárcel por blanqueo de capitales, fallo que ha sido impugnado por sus abogados. Martinelli también será juzgado en agosto por el presunto pago de comisiones durante su gobierno a la empresa brasileña Odebrecht.
En la República Dominicana el actual presidente, Luis Abinader, anunció su candidatura a la reelección desde el año pasado, con una aprobación a su mandato de más de 70 por ciento.
Bajo su liderazgo, la República Dominicana ha tenido una de las tasas de crecimiento del PIB más altas de América Latina, según la CEPAL. La elección tendrá como ingrediente importante la crítica a la actual administración del terrible manejo de la crisis por la inmigración haitiana.
En Uruguay, se perfila Álvaro Delgado, mano derecha de Lacalle Pou y con algunas posibilidades la economista y excandidata a la alcaldía de Montevideo, Laura Raffo.
La delincuencia podría ser un tema importante de debate en estas elecciones, ya que las tasas de homicidio han aumentado desde la pandemia y el caso del narcotraficante más prolífico de Uruguay, Sebastián Marset, que tejió una red intercontinental de personas implicadas en tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinatos de reconocidos personajes, mientras eludía la persecución de las autoridades en Dubái, Paraguay y Bolivia, atrae la atención nacional.
En México, la jornada electoral de 2024 será el proceso más grande en la historia de México, toda vez que habrá elecciones concurrentes en todo el país, y participarán de más de 97 millones de ciudadanos, que con su voto elegirán a quienes ocuparán la Presidencia de la República, gubernaturas, senadurías, diputaciones, presidencias municipales, alcaldías y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Luego de las elecciones del 2 de junio, el país tendrá su primera mujer presidenta. Claudia Sheinbaum, candidata del partido gobernante, intenta defender temas en los que el gobierno no ha dado buenos resultados, como servicios de salud, seguridad, disminución de la pobreza, y combate a la corrupción y al crimen organizado.
La coalición opositora estará representada por Xóchitl Gálvez, quien se autodefine como la candidata ciudadana. Gálvez impulsa la relocalización o nearshoring y la liberalización del sector energético, además de criticar activamente al gobierno actual por sus exiguos resultados.
Peor aún, la violencia criminal y un evidente crecimiento –en todo el país y fuera de este– de los cárteles mexicanos y la amenaza que representa la intervención del crimen organizado en las próximas elecciones, no permiten vislumbrar una elección tranquila.
Venezuela tendrá elecciones en la segunda mitad del año, sin una fecha precisa. El dictador venezolano, Nicolás Maduro, está bajo presión internacional para celebrar elecciones libres en 2024.
Su gobierno es conocido por irregularidades electorales, represión y descalificación de sus oponentes. A pesar de haber acordado con la oposición una hoja de ruta electoral para 2024, como condición para que Washington eliminara algunas sanciones a los sectores de petróleo y gas del país durante seis meses, Maduro no cumplió y en días pasados presionó al Tribunal Supremo de Venezuela para que inhabilitara a María Corina Machado, su principal opositora y eventual candidata a la presidencia, para que no pueda ocupar un cargo público en los próximos 15 años, lo que frenaría su candidatura a la presidencia del país.
La democracia en América Latina está seriamente amenazada por la militarización so pretexto de combatir la delincuencia. En el Ecuador en los últimos cinco años la tasa de homicidios aumentó 800 por ciento. Aparentemente, la lucha por el control de Guayaquil, entre dos cárteles mexicanos ha generado un clima de extrema violencia.
A pocos meses de su triunfo, Daniel Novoa declaró una guerra contra la delincuencia organizada. En Argentina, Javier Milei, con menos de dos meses en la Presidencia, planea hacer lo mismo, con algunos matices.
De Honduras al Ecuador los gobiernos coquetean con la idea de militarizar la lucha contra el crimen organizado. En México, por ejemplo, se pretende disfrazar esta práctica incorporando en el combate al crimen organizado a efectivos de la Guardia Nacional (GN) y de las Fiscalías estatales, aunque los miembros de la GN obedecen a estructuras e instrucciones más militares que civiles.
Hoy América Latina enfrenta una disyuntiva sería: transitar y fortalecer los regímenes democráticos o virar hacia el autoritarismo. Todo, con la cereza del pastel: la elección presidencial en Estados Unidos, en la que –hasta ahora– se perfila como eventual candidato (y quizá triunfador), Donald Trump, lo que podría desdibujar los esfuerzos de los gobiernos latinoamericanos, por mejores gestiones y óptimos resultados para sus gobernados.
POR JOSÉ LUIS ALVARADO GONZÁLEZ
MIEMBRO DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO (SEM), CON RANGO DE EMBAJADOR / JEFE DE CANCILLERÍA EN LA EMBAJADA DE MÉXICO ANTE LA SANTA SEDE
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