Hace 6 meses, Karla Quintana Osuna renunció a la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación. Su salida se dio en medio de señalamientos de que el gobierno federal buscaba reducir las cifras de desapariciones, uno de los delitos más dolorosos que enfrentan los mexicanos.
Cuatro meses después, conocimos uno de los motivos de esa salida: el 14 de diciembre se presentó la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, la cual reportó que de las 110 mil 964 desapariciones registradas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al mes de agosto de 2023 -coincidentemente en el mes de la denuncia de la extitular- solamente 12 mil 377 eran “denuncias confirmadas”.
Una burda acción para minimizar el fenómeno que afecta a cientos de familias, sean o no involucradas con la delincuencia organizada.
Sin ninguna prueba, Andrés Manuel López Obrador acusó a Quintana de alterar el registro. Con el pretexto de que todo estaba manipulado, el presidente decidió nombrar a Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como la nueva titular de la Comisión, la misma que en días pasados fue exhibida por colectivos por su falta de preparación en el tema, y además por traer tras de sí señalamientos tan penosos como el de las irregularidades por más de 561 millones de pesos en la nómina de los Servidores de la Nación, o porque durante su gestión como Directora General del INEA, su Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, José Muñoz Gómez, a quien se llevó como Director del Centro Nacional de Identificación Humana, fue señalado por validar transferencias por un total de 22 millones de pesos del INEA a un proveedor del Estado de México en medio de la campaña de la ahora gobernadora, Delfina Gómez.
Aun y cuando la Ley General de Desaparición Forzada establece como requisito que su titular haya trabajado en esta materia al menos en los dos años previos a su nombramiento, Reyes Sahagún no lo cumplió. Asumió el cargo y llegó a desmantelarla; la Titular prescindió de expertos y trabajadores para acomodar a los suyos. Hoy, según datos del portal Nómina Transparente, la Comisión solo cuenta con 26 personas contratadas, de las cuales, al menos seis de ellas trabajaron en el INEA a su lado, y no tienen la más mínima experiencia en materia de atención a víctimas de desaparición. Trascendió que al menos 104 personas fueron despedidas, no fueron recontratadas o se les obligó a renunciar a la Comisión.
El trabajo profesional de identificación que hacía posible localizar a una persona reportada como desaparecida ha quedado en manos inexpertas. Por ello, es difícil creerle a Reyes Sahagún cuando dice que se cumplen procedimientos específicos antes de eliminar algún nombre del registro.
Las asociaciones y activistas se encuentran, con justa razón, desconcertadas. Han acudido al Poder Judicial para tener apoyo ante la indolencia de otro hecho a cuál esta administración quedará a deber.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
COLABORADOR
@CARLOSZUP
MAAZ