El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) tiene a su cargo tutelar y dar cauce a dos derechos constitucionales: el derecho a la información y la protección de datos personales.
He sostenido que el cumplimiento de sus funciones en materia de transparencia puede ser útil para un gobierno que postula una batalla constante contra la corrupción, si bien ésta se encuentra tan arraigada en las estructuras públicas de México que los avances en esta materia, si bien no desestimables, resultan insuficientes.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador considera al INAI como una institución inútil que ha servido más para encubrir a corruptos que para transparentar asuntos de interés público. Esta es una percepción quizá exagerada, pero sí fundada a causa del desempeño del INAI después del período de Jacqueline Peschard.
Al margen de las propuestas para desaparecerlo y de la necesidad de cubrir vacantes, lo cierto es que el INAI está atravesando una situación interna conflictiva, con rasgos de corrupción en los niveles altos de dirección.
Es bien conocida la reprobable conducta de dos ex altos funcionarios del INAI que habían sido comisionados y que hicieron fuertes gastos personales, incluidos en table dances, y los pagaron con tarjetas corporativas del Instituto. Adicionalmente, hace unos días, como parte de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación, se reveló la existencia de “moches” presuntamente pagados por trabajadores a sus jefes (entre 10 y 60% de sus salarios) para conservar sus puestos, una práctica reprobable que agrede la dignidad de los servidores públicos y envilece el ambiente laboral.
Declaraciones de trabajadores reportadas a la ASF indican también la existencia de “aviadores” que solo se presentan en el INAI cuando van a cobrar y de redes familiares trabajando en el órgano de transparencia, de acuerdo con información del diario Reforma (20/02/24) basada en la Auditoría de Cumplimiento Forense 197 de la Cuenta Pública 2022. Por supuesto, se requieren pruebas para que, una vez escuchado el INAI, se continúe el proceso y se fijen sanciones proporcionales a las irregularidades, que incluyen también gastos injustificados en viajes de los comisionados.
Un asunto que puede agregarse a las irregularidades en el INAI es el de un funcionario que fue despedido a solicitud de un magistrado electoral, en lo que fue una de las venganzas del juzgador contra una colaboradora suya –hija del despedido- que se rebeló contra el acoso de su jefe y quien finalmente también perdió su trabajo tras sufrir otras bajezas. Se trata de una trama en la que aparentemente participó un funcionario del INAI, hermano de un ex magistrado comicial.
Y para colmo, desde el pleno del INAI se ha descalificado expresamente ¡al Órgano Interno de Control del Instituto!
La permanencia del INAI es defendible, pero ¿lo son todos los comisionados?
Plus Online: OIC bajo fuego amigo
Mal andan las cosas en una institución cuando su Órgano Interno de Control, encargado de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, recibe el ataque directo de quienes están legalmente sujetos a su escrutinio.
Es el caso de la comisionada del INAI Norma Julieta del Río Venegas, quien se dice “perseguida política” por el OIC, pero cuyos actos parecen más bien un acoso intimidatorio a ese órgano y a su titular, nombrada por la Cámara de Diputados.
En la sesión del 17 de enero, la comisionada Del Río denunció públicamente “una persecución política en mi contra a nivel personal, por parte de Alma Patricia Sam Carbajal, sin razón ni motivo alguno, mucho menos sin ningún fundamento”. Como prueba del acoso, citó el hecho de que dos personas del OIC fueron enviadas a Zacatecas, de donde es oriunda, y en una declaración probablemente irreflexiva responsabilizó a la contralora de lo que pudiera pasarle a ella, “a mi familia, a mi círculo cercano, a alguien de mi equipo de trabajo”.
Agraviada por tales imputaciones, la titular del OIC precisó en un oficio que el órgano de control no trabaja en contra de personas, sino de conductas y acciones y que la diligencia en Zacatecas no tiene relación con algún integrante del pleno del INAI. Sam Carbajal pidió que su oficio, en atención a su derecho de réplica, fuera leído en la siguiente sesión del pleno, pero su petición no fue atendida.
La comisionada Del Río, cercana al gobernador zacatecano David Monreal, tiene notable influencia en el INAI e incluso hay opiniones de que ella ejerce mayor poder de decisión que el comisionado presidente, Adrián Alcalá. También se le ha escuchado decir que ha presentado recursos contra la titular del OIC en diversas instancias federales.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
EEZ