Costosos serían los efectos de los cambios que el director del Registro Público Vehicular, el Dr. Javier Ulises Miranda Nieto, busca implementar en la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016. Esta propuesta pretende integrar la tecnología de radiofrecuencia (RFID) en placas metálicas, calcomanías de identificación y tarjetas de circulación en México. Sin embargo, de lo que no se habla es que esta iniciativa podría conllevar altos precios, falta de transparencia y riesgo de violación de la protección de datos de los usuarios, entre otras consecuencias.
La propuesta, bajo el nombre NOM-001-SICT-2-2024, contempla la inclusión de chips de RFID y códigos QR propietarios, sin embargo, no se menciona que esto aumentaría significativamente los costos de producción. Se estima que el precio de las placas y tarjetas de circulación se duplicaría, lo que afectaría directamente a los usuarios y contribuyentes.
Además, la instalación de arcos de lectura en todo el país requeriría una inversión considerable por parte del gobierno federal, estimada en cientos de millones de dólares, sin mencionar que los chips propuestos son susceptibles a ser intervenidos, lo que pondría en riesgo los datos personales de los usuarios.
Varias empresas involucradas en el proyecto anterior de RFID durante el sexenio de Felipe Calderón, están actualmente bajo investigación por prácticas monopólicas, y algunas otras empresas están vinculadas a esta nueva propuesta, por lo que, de ser aprobado este proyecto de Norma Oficial, estas empresas tendrían el control absoluto de la venta de chips RFID y de la fabricación de las placas a nivel Nacional.
El proyecto de Norma Oficial pretende que los gobiernos estatales y otros emisores de placas sean los responsables de hacer las inversiones en equipos para el grabado de los mismos. La implementación de esta tecnología resultaría en largas filas y molestias para los usuarios, además de que la efectividad de los chips RFID se vería comprometida por la disponibilidad de equipos que pueden inhibir su funcionamiento.
Durante reuniones de trabajo, el Dr. Miranda ha indicado que la implementación de la tecnología RFID responde a una petición de la Guardia Nacional de David Córdova y la Secretaría de Seguridad, de Rosa Icela Rodríguez y, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente por las dependencias.
Y hablando del titular del REPUVE, este no ha compartido información completa sobre las características de la antena de RFID ni los resultados de las pruebas realizadas, generando dudas sobre la transparencia del proyecto. Es sabido que las pruebas realizadas a esta tecnología, se llevaron a cabo durante un festejo de invitación restringida en un autódromo donde lo menos relevante fueron los chips RFID y lo estelar fueron las edecanes y otro tipo de entretenimiento.
La decisión final sobre la viabilidad y aprobación de la normatividad está pendiente y es objeto de un amplio debate en el sector público y privado por lo antes mencionado.
Desfalco latente
Como es sabido la Universidad Autónoma de Chapingo se encuentra acéfala desde la primera semana de febrero, cuando el rector Ángel Garduño desapareció luego que le fuera girada una orden de aprehensión por violación equiparada en contra de una alumna. Así, a la gravedad de las acusaciones hay que sumar que la ausencia de liderazgo ya ha provocado que los servidores públicos actúen fuera del marco legal, uno de los ejemplos es el subdirector de Recursos Materiales, Cristóbal Soto, quien solo dio siete horas para revisar a las participantes de la compra de monederos electrónicos LA-08-A1I-008A1I001-N-05-2024, lo que resultó en un contrato por 15.8 millones de pesos a favor de Monederos Pay Company, compañía que además de no estar autorizada por el SAT de Antonio Martínez, ni siquiera dispone de domicilio fiscal, por lo que el riesgo de desfalco es latente y aumenta al saber que se le vincula con Francisco Pérez, el propietario de una de las empresas con reiteradas sanciones en la Función Pública, de Roberto Salcedo.
Distracciones en Morelos
En el entramado político de Morelos, las recientes acusaciones dirigidas a la senadora Lucy Meza, relacionadas con un supuesto gasto millonario en campañas de desprestigio, se han convertido en un foco de controversia. Distintas voces de variados sectores políticos las han tachado de ser una mera distracción, interpretándolas como un intento por desviar la atención de temas más urgentes. Líderes de partidos como el PRI, PAN, PRD y RSP Morelos consideran que estas denuncias son estrategias diseñadas para desplazar el debate sobre los supuestos pactos de impunidad asociados al gobernador Cuauhtémoc Blanco y su reciente postulación para diputado plurinominal. Esta táctica, según los detractores, no solo pretende proteger a Blanco de futuras responsabilidades legales sino también ocultar las fallas de su gestión, tales como las acusaciones de nepotismo y un alegado desvío de fondos superior a los tres mil millones de pesos, tal como señalan las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
POR LAURA PUENTE
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