Un logro indiscutible del siglo XX mexicano fue pasar de los gobiernos de “hombres fuertes” a un sistema crecientemente institucional. El régimen de la postrevolución fue autoritario; pero erradicó una rémora que arrastrábamos desde la independencia: el caudillismo. La autoridad política y la legitimidad última dejaron de ser patrimonio de un individuo, para afianzarse en el Estado.
De entrada, la influencia presidencial tenía caducidad. A Calles y Echeverría, que quisieron perpetuarse, los mandaron fuera del país. El poder estaba acotado, no por la oposición, pero sí por los intereses organizados (corporativa, pero institucionalmente) dentro del gobierno, como sindicatos y fuerzas regionales. Incluso un Cárdenas debía negociar, conciliar y a veces transigir.
No había proyectos dogmáticos ni figuras imprescindibles, lo que permitió adaptarse a nuevas realidades; recordemos, de ese sistema salieron lo mismo López Portillo que Carlos Salinas, la nacionalización bancaria y el TLCAN. El autoritarismo mexicano no volvió a desembocar en dictadura, y lentamente se abrió hasta una transición democrática pacífica, con división de poderes.
López Obrador ha tomado muchas decisiones torpes, costosas en dinero y vidas; desde fracasos como el INSABI hasta la claudicación frente al crimen organizado. Con todo, en un régimen de instituciones y leyes, que trascienden los caprichos de sus gobernantes, los errores pueden corregirse, los proyectos replantearse, las estrategias modificarse, los grupos políticos sustituirse.
Por ello, la amenaza real es la transformación de fondo que anhela el Presidente: anular a las instituciones para que el poder del Estado regrese a la propiedad del caudillo, de él, para ser precisos. «Por encima de la ley está la [mi] autoridad moral y política», dijo hace unos días, lo cual no debería sorprender a nadie que lo haya visto gobernar u oído hablar en los últimos 25 años.
Cada pieza de ese aún frágil entramado institucional democrático, edificado durante décadas, ha sido torpedeada desde 2018, en el discurso y en los hechos: la independencia de la Corte; la autonomía del INE; la libertad y seguridad para ejercer la crítica; la delimitación entre las esferas civil y militar; los órganos garantes de la transparencia; la supremacía de la Constitución.
Más aún, el lopezobradorismo no es un sistema institucionalizado a su interior; al contrario, está sumamente desarticulado. Esto no es error, es el diseño deliberado de su creador para que, a falta de fuerza propia, dependa siempre de la popularidad personal e intransferible de AMLO: para mantener su autoridad y tomar las decisiones importantes indefinidamente, tenga o no un cargo.
Algunos ingenuos y propagandistas dicen que no importa si López Obrador pasa por encima de la ley, porque tiene objetivos nobles. Aún suponiendo que tal disparate fuese cierto, ¿qué pasará cuando un mandatario de otra fuerza política llegue al poder en un México des-institucionalizado, sin contrapesos, con una Constitución devaluada, y quiera imponer su “autoridad moral”? Porque sea este año o después, otro grupo gobernante llegará. Una certeza del poder es que no es eterno.
Quienes hoy defienden o callan ante el resurgimiento del caudillismo están atizando las llamas de la hoguera autoritaria donde todos podemos ser consumidos. Por la historia de México han desfilado innumerables gobernantes que pretendieron encarnar al pueblo, fundirse con la patria y hacer de su voluntad privada la ley pública. Costó casi dos siglos alcanzar un régimen de instituciones y leyes. Obra colectiva que puede sucumbir en seis años por el delirio de un hombre.
POR GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE
COLABORADOR
@GUILLERMOLERDO
PAL