Tras el anuncio realizado el pasado 8 de febrero por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el sentido de que la seguridad para los candidatos a gobernador, senadores y diputados federales, correría a cargo del Ejército y Guardia Nacional, que para fines prácticos son lo mismo, mientras que para candidatos a diputados y presidentes municipales sería la policía estatal, pero con protocolos similares.
Sin embargo, nadie se preocupó por la seguridad de los precandidatos y mientras se convierten en candidatos ya han sido asesinados un total de 19, entre ellos aspirantes a las candidaturas a presidente municipal, siendo los más recientes los registrados el lunes 26 de febrero en Maravatío, Michoacán, donde fueron privados de la vida en un mismo día, Miguel Ángel Zavala, precandidato por Morena a la presidencia municipal y Armando Pérez Luna precandidato por el frente opositor (PAN).
Si la decisión del INE, conjuntamente con la SSPC y la Secretaría de de la Defensa Nacional, así como de las policías estatales fue darle seguridad solo a candidatos y no a precandidatos, la delincuencia ya decidió y ahora les toca cargar con el peso de los 19 asesinados, hechos de los cuales si bien no son culpables en forma directa, sí son responsables por omisos, es decir que no cuidaron el bien tutelado que es la vida del precandidato y además sabiendo del riesgo que corrían no hicieron nada para evitarlo, en otras palabras, a eso se le llama “comisión por omisión”.
Para los aspirantes a candidaturas que han sido asesinados, de nada sirvió que la SSPC y el INE hayan publicado los niveles de riesgo en que dividieron el país, siendo estos “Riesgo Bajo”, “Riesgo Medio” y “Riesgo Alto”, si ellos jamás gozaron de ese tipo de apoyo.
Tampoco ayuda que los candidatos nominados en entidades consideradas de Alto riesgo dispondrán de tres vehículos escolta y una camioneta blindada para el personaje principal con un total de 10 elementos del Ejército; a los de Riesgo medio les proporcionarán 2 vehículos escolta y uno para el candidato además de 6 elementos de la Guardia Nacional, mientras que los de Bajo riesgo dispondrán de 1 vehículo para la figura principal y dos elementos de la SSPC (lo más seguro es que sean del Servicio de Protección Federal), si al final de cuentas no van a ponerles a todos los que lo soliciten.
Total que en la víspera del inicio de las campañas electorales, el “horno no está para bollos”, ya que solo en el rubro de homicidios dolosos el país lleva acumulados más de 180 mil en lo que va de éste sexenio, es decir 24 mil más que en la administración completa de Enrique Peña Nieto y 60 mil más respecto del sexenio de Felipe Calderón (el villano favorito del presidente de la República). Por si fuera poco, el 70% de dichos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo cual indica que en las calles y carreteras circulan impunemente muchas armas en forma ilegal, sobre todo a bordo de motocicletas y vehículos sin placas.
A lo anterior es necesario agregar que según el INE en 20 Distritos Electorales de los 300 que existen en el país, las condiciones de seguridad son “Complejas”, eufemismo utilizado para no decir que hay riesgo de que grupos delictivos interfieran o generen presión para beneficiar o afectar a algún candidato durante la campaña y con mayor razón el día de las elecciones.
De lo que no queda duda es que las entidades prioritarias son Estado de México, Guerrero, Tamaulipas y Michoacán, y en ésta última entidad acaban de matar a quien tal vez haya sido el último precandidato eliminado de esta manera. Insisto e insistiré que ante el clima de violencia que prevalece en el país, los escoltas y las camionetas oficiales que el gobierno ofreció no van a ser suficientes y en algunos casos ni confiables.
Es decir, las cosas no van bien como se dijo ayer en la “mañanera”, que no hay ninguna preocupación, claro que la hay y tiene que ver con la violencia, a menos que no se quiera ver la realidad.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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