La democracia es un sistema de vida, la conforman principios y normas de convivencia pacífica, es la diferencia entre civilización y barbarie. Por ello, es peligroso y preocupante que cualquier autoridad se asuma al margen o por encima de la ley.
A propósito de la divulgación de datos personales de la periodista Natalie Kitroeff, quien publicó en The New York Times, el periódico más influyente del mundo, el artículo sobre las investigaciones de financiamiento del crimen organizado en las campañas presidenciales, las reacciones por parte del gobierno son reveladoras, reflejan el deterioro del estado de derecho y la amenaza al ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales en nuestro país.
Sin prejuzgar sobre las presuntas investigaciones, lo que debe ocuparnos es el deterioro democrático y el avance de la deriva autoritaria. Las declaraciones y la posición del presidente de la republica respecto al derecho a la información, la libertad de expresión y la protección de datos personales de los comunicadores son inquietantes, por decir lo menos.
Cuestionar el derecho a investigar a “un gobierno legítimamente constituido”, refleja una profunda confusión entre impunidad y legitimidad democrática. En democracia, el derecho a la información y la libertad de expresión tienen preeminencia constitucional y no atentan en contra de la legitimidad de origen, al contrario, dan sustento a la legitimidad de gestión. Jurar cumplir y hacer cumplir la constitución al momento de asumir el cargo, es una obligación irrenunciable.
La investigación de oficio que ordenó el INAI y la respuesta del New York Times, calificando la divulgación de “táctica preocupante e inaceptable por parte de un líder mundial en un momento en que las amenazas a periodistas aumentan”, son acciones que corresponden las buenas prácticas internacionales para proteger la integridad de los periodistas. En especial, en un país considerado el tercer lugar más peligroso para ejercer el periodismo.
Considerar que la autoridad moral y política del presidente está por encima de la ley, es negar el estado de derecho. La superioridad moral que asume el titular del ejecutivo federal, pretende hacer valer la ley moral autoimpuesta, por encima de la constitución y de las leyes que nos rigen. Se olvida que toda ley moral debe tener en consideración la dignidad del resto de las personas, como principio fundamental qué hay que respetar.
La conformación de nuestro sistema político se sustenta en el respeto al estado de derecho, en la igualdad de todos ante la ley y en la división de poderes, que distribuye las facultades de quienes detentan cargos de representación y autoridad. Olvidar estos principios es transgredir el orden constitucional, exponer la paz social y arriesgar al país a vivir en una tierra sin ley.
El bien común exige que todos, ciudadanos y gobiernos, asumamos y respetemos sin cortapisas que la ley es la ley.
POR MARCO ADAME
ANALISTA Y CONSULTOR POLÍTICO
PAL