Varias veces hemos oído o comentado que los partidos políticos reciben una gran cantidad de dinero y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿Deben darse recursos del Estado a los partidos políticos? La respuesta de la mayoría de los países democráticos es que sí, que se debe adoptar un sistema donde la mayoría, si no es que el total de su financiamiento, sea público y no privado.
Nuestro país ha optado por ese modelo. En México tenemos un sistema de financiamiento mixto -en el cual se permite una pequeña cantidad de financiamiento privado también-, pero la realidad es que casi todos los recursos provienen de fondos públicos.
Nuestra Constitución dice que los recursos de los partidos deben ser “preponderantemente” públicos y existen criterios justos para repartir ese dinero año con año, tomando en cuenta cuántos partidos hay registrados y cuántos votos han obtenido en la elección anterior de la Cámara de Diputados.
¿Por qué se diseñó esto así? Bueno, por varias razones que no podría detallar en este artículo, pero principalmente son dos. La primera, para evitar que las elecciones se reduzcan a una competencia financiera, en la cual sólo las personas con mayores recursos económicos puedan pagar una campaña para presentarse a un electorado de miles o hasta millones de personas, y, en segundo lugar, para prevenir la influencia de los entes privados en los servidores públicos una vez que ganen las elecciones.
Este sistema de financiamiento, según los teóricos en materia electoral, promueve el pluralismo; logra que existan condiciones más equitativas en la competencia electoral y fomenta que los partidos se concentren en obtener el favor del electorado -pues entre más votos reciban, más financiamiento público les será otorgado-.
Sin embargo, no hay que olvidar que ese dinero, como cualquier recurso público, es generado con el esfuerzo de todas y todos los mexicanos. Por eso, nuestro país ha creado un complejo sistema de fiscalización a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE) para asegurar que ese dinero sea usado de forma responsable y acorde a los fines de los partidos, tanto en años de elecciones, como en años no electorales para actividades ordinarias.
Para que ese sistema funcione, los partidos tienen el deber de entregar informes al INE de todos sus ingresos y gastos. Esos reportes se hacen de forma periódica y toda la documentación que soporta las operaciones debe ingresarse a un sistema digital en tiempo real, es decir, en el plazo de tres días, para que la autoridad la revise de inmediato.
En estas elecciones, el INE se encargará de verificar los informes de ingresos y gastos de todos los precandidatos, candidatos y partidos políticos. El Tribunal Electoral ha dictado diversas sentencias y jurisprudencias que dan operatividad y fuerza a ese sistema de fiscalización para proteger el dinero de la ciudadanía:
Para dar efectividad al sistema de fiscalización “en tiempo real” el Tribunal ha clarificado cómo deben entenderse los tres días posteriores en que deben reportarse las operaciones durante las precampañas y campañas. En el caso de ingresos, el tiempo para reportar empieza a correr desde que se recibe el efectivo o el bien; y los gastos, desde el momento en que se paga, se pacta o se recibe el bien o servicio.
Por otra parte, hemos establecido que la presentación fuera de tiempo de los informes de ingresos y gastos de precampaña y campaña, implica una falta sustantiva y no solo formal que debe sancionarse con severidad, porque impide la rendición de cuentas y entorpece la investigación del INE sobre los gastos de los partidos, sus precandidatos y candidatos.
En el pasado proceso electoral, el Tribunal incluso retiró candidaturas a personas que fueron omisas o se negaron a presentar esos informes al INE, precisamente porque esto es una falta grave que impide saber el origen y destino de los recursos públicos que le están dando los mexicanos a los partidos.
Ahora bien, los procesos de fiscalización involucran tanto a partidos como a precandidatos y candidatos cuando hay elecciones. Por eso, el Tribunal Electoral ha enfatizado que los partidos políticos son responsables del control de ingresos y gastos de sus precandidatos, pero también que ellos son corresponsables del cumplimiento de esa rendición de cuentas, por lo que no pueden desentenderse de esas obligaciones.
La jurisprudencia electoral también ha precisado que si los precandidatos entregan el informe y la documentación al partido en tiempo, y éste llegara a entregar los documentos o el reporte tarde, a los precandidatos se les excluye de cualquier responsabilidad.
En el pasado, el INE tuvo grandes problemas para investigar el uso de fondos en campañas debido al secreto fiscal, bancario y fiduciario. Algunos recordarán los célebres casos de Pemexgate y Amigos de Fox, en los cuales el entonces IFE impuso multas históricas por infracciones en materia de fiscalización.
Bueno, pues fue el Tribunal Electoral el que determinó que dichos secretos no pueden hacerse valer frente al INE cuando realice tareas de fiscalización porque era necesaria la colaboración de esas instituciones para llegar a la verdad de los hechos. Más recientemente, el Tribunal determinó que tampoco puede hacerse valer el secreto ministerial, es decir, las fiscalías deben cooperar y brindar información necesaria a la autoridad electoral en este ámbito.
Y seguramente se preguntará qué pasa con los recursos que obtiene el INE de todas esas multas que impone por infracciones de fiscalización o con el dinero que no gastan los partidos en campañas.
Bien, pues en relación con las multas, el Tribunal ha determinado que los recursos deben entregarse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) si son multas federales o a los organismos encargados del fomento a la ciencia en los estados, si son locales. Por su parte, si los partidos no comprueban gastos de campaña deben regresarlos al erario público.
Estos son solo algunos de los criterios importantes del Tribunal en materia de fiscalización.
En este proceso electoral estaremos atentos para cumplir con nuestra obligación de verificar que el dinero de los ciudadanos se utilice de la manera debida para que en este año tengamos una elección federal y locales justas. En nuestro país, el rebase de los topes de campaña puede llevar a la nulidad de una elección, por eso y por todo lo que he dicho es sumamente importante la fiscalización de los ingresos y gastos de los partidos y sus candidatos, pero esa es otra historia que dejaremos para más adelante.
POR FELIPE FUENTES BARRERA
Magistrado del TEPJF
@FFuentesBarrera
MAAZ