La propuesta más reciente de López Obrador, de elegir a los jueces por voto popular, marca un claro alejamiento de los principios que fundamentan una democracia sólida. Al intentar mezclar la justicia con la política partidista, esta iniciativa compromete no solo la imparcialidad, sino también la efectividad del poder judicial como guardián de las leyes y de los derechos de los ciudadanos.
Plantear que figuras clave del poder judicial —profesionales del derecho seleccionados por su competencia, ética y conocimiento especializado— deban enfrentarse al juicio popular contradice directamente su propósito. No son, ni deben convertirse, en actores políticos.
Este cambio no solo representa una distorsión jurídica, sino que ignora el rol fundamental de la justicia: asegurar el predominio de la ley y la Constitución, alejados de la influencia política.
Esta iniciativa ignora la importancia crítica de mantener al poder judicial protegido de influencias partidistas, asegurando su habilidad para emitir fallos justos basados únicamente en la ley. La independencia judicial, vital para el equilibrio democrático y la protección de los derechos ciudadanos ante potenciales abusos de poder, se vería gravemente afectada bajo el sistema propuesto.
Mirando a otros países que han adoptado la elección popular de sus jueces, es claro que este camino presenta numerosos retos. Por ejemplo, en Bolivia, donde la mayoría de los jueces son elegidos por voto popular, se ha observado cómo este sistema atenta contra la independencia judicial. Otro caso es el de las Islas Marianas del Norte, donde los jueces de la corte suprema pueden renovar sus términos mediante elecciones populares, una práctica que pone en cuestión la separación entre justicia y política.
Lo que México necesita es reforzar su sistema de justicia para preservar su independencia y asegurar su capacidad de actuar como un verdadero balance en la estructura del poder estatal. La propuesta de López Obrador, lejos de ser un paso adelante, es un evidente riesgo de regresión democrática.
En este punto crítico, nuestra tarea como ciudadanos es informarnos y actuar para proteger los pilares de nuestra democracia, rechazando cualquier intento de minar la independencia del poder judicial. La justicia no debe convertirse en un botín político, sino mantenerse como la guía de nuestra coexistencia, basada en principios de justicia y legalidad.
Itzel Arellano Cruces
Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados
MAAZ