Desde el punto de vista médico, el uso de la naloxona como antagonista de los receptores opioides podría ser parte de la solución de los problemas derivados de la intoxicación aguda por drogas ilicitas como el fentanilo y la heroína, sobre todo cuando está en riesgo la vida de las personas cuyo consumo rebasa las capacidades del organismo humano (sobredosis).
Sin embargo, las cosas se ven diferentes cuando se les observa a la luz de la política y de la seguridad pública, con mayor razón cuando de políticas públicas en materia de combate a las adicciones se trata.
Es en este contexto que la iniciativa de ley propuesta por los senadores Olga Sánchez Cordero y Ricardo Monreal para que el acceso a dicho psicotrópico fuera libre, fue prácticamente vetada por el titular del ejecutivo federal, quien el 11 de abril del año pasado señaló que más que un medicamento para que no haya adicciones, podría ser un vehículo para prolongar más la agonía.
En defensa de la iniciativa, la senadora Sánchez Cordero puntualizó que de haberse liberado este fármaco evitaría que los adictos tengan una muerte segura a causa del consumo de opioides sintéticos como el fentanilo y analgésicos elaborados a base de opiáceos como la morfina.
Un problema similar se vivió en Ciudad Juárez, Chihuahua entre 2008 y 2010, cuando para contrarrestar los efectos de la heroína y otros opiáceos, los consumidores y en su momento las autoridades de salud federal y estatal, recurrieron al uso de la metadona (medicamento sintético de uso legal) como mecanismo para la desintoxicación de adictos a las drogas ilegales antes descritas.
En aquel entonces era común observar, en los denominados “picaderos” de dicha ciudad fronteriza, a decenas de adictos “pincharse” heroína en venas de brazos y otras partes del cuerpo o simplemente inyectar la debajo de la piel, ocasionándose daños irreversibles que a muchos de ellos los llevaron hasta la muerte.
Fue en 2010 con la construcción de los “Centros Nueva Vida” como parte de la “Mesa de salud” y de la estrategia de seguridad “Todos somos Juárez” que un número considerable de adictos pudieron ser tratados con dicho medicamento y varios de ellos se reincorporaron al tejido social, sin embargo años después las cosas volvieron a descomponerse y no ha vuelto a existir otro esfuerzo de esas dimensiones, con mayor razón tras la llegada de la actual administración que solo atina en enviar a centenares de militares para que patrullen las calles, cuando la solución no es ni ha sido esa, sino algo más integral, partiendo desde la atención de las causas y pasando por la detención de los generadores de violencia.
Con la llegada del fentanilo y la consecuente disminución en la demanda de opiáceos como la heroína, el mercado de las drogas cambió por completo y hoy la crisis se ha agudizado y los problemas de adicción son diametralmente mayores que hace casi 14 años.
Ante ésta disyuntiva, la pregunta obligada es quién tiene la razón, el que prohíbe que el acceso a la naloxona sea libre para que no se prolongue más la agonía de los adictos y se restrinja su producción en serie? o los que promueven su acceso y uso libre para que cada vez más consumidores puedan revertir los efectos de los opioides como el fentanilo u opiáceos como la heroína y morfina cuando sean consumidos en exceso y sientan que está en riesgo su vida?
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
MAAZ