Alexei Navalny fue el opositor más visible al gobierno ruso. En vida, enfrentó un intento de asesinato –por envenenamiento con Novichok, arma química originalmente desarrollada por los servicios secretos soviéticos–, acaecido en 2020, al año siguiente de su documentación pública de casos de corrupción y tráfico de influencias en el gobierno de Vladimir Putin.
Antes, fue víctima de un ataque a los ojos con una sustancia química. Después, preso político ya en la colonia correctiva de Melekovo, desapareció de ésta durante tres semanas sólo para reaparecer en el penal de máxima seguridad de Kharp. Ahí murió el 16 de febrero, tras la falla de varias cámaras de seguridad la noche previa.
La familia no ha recibido el cuerpo. La autopsia no ha sido practicada, y las autoridades han declarado que llevará 14 días realizarla. Su viuda afirma que ése es el lapso que toman los rastros de Novichok en ser deshechados, y responsabiliza de su muerte a Putin, quien sigue sin pronunciarse al respecto.
Carlos Urzúa fue un opositor notable al gobierno mexicano –un secretario de Estado que renunció por diferencias políticas, y que dedicó la vida que le quedó a argumentarlas– pero ni de lejos el más visible. Cuestionó al gobierno federal pero siempre en términos de política pública: nunca denunció acto ilegal alguno. Nunca se le supo objeto de amenaza, no digamos de ataque contra su integridad.
Fue un ciudadano libre hasta su último día, que pasó marchando en protesta contra la intromisión presidencial en el proceso electoral. Su muerte fue anunciada por su propia familia, en un comunicado escueto y sereno, que no consigna las causas. Los reportes periciales describen una caída de la escaleras de su casa, acaso producto de un infarto fulminante –del que habría sido testigo una trabajadora doméstica–, diagnóstico que refrendó el médico forense.
Esa misma versión fue la que confirmó ayer la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, ella sí una de los opositores más visibles al régimen. En suma, la muerte de Urzúa es una tragedia –como todas–, una pérdida para el país –fue economista brillante y hombre público congruente– pero no un crimen.
Que algunas de las figuras más estridentes de la oposición hayan especulado sin una sola prueba con las causas de esa muerte, y llegado incluso a aducir una “acción putinesca del regimen” es un insulto múltiple. A las verdaderas víctimas de asesinatos políticos, como Navalny.
A un gobierno al que acaso quepa calificar de muchas cosas pero no de asesino. A los empeños de muchos ciudadanos que pretendemos oponernos a un proyecto de país desde la política pública y los argumentos, no desde la calumnia. Justo, de hecho, como Urzúa.
Sugerirlo víctima de un crimen es, en última instancia, un insulto a su memoria.
POR NICOLÁS ALVARADO
COLABORADOR
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