Hay quienes aseguran que, de ganar Claudia Sheinbaum la elección, tomaría distancia de AMLO una vez ungida con la banda presidencial, llegando incluso a la ruptura para legitimarse en el cargo. Sin embargo, ese escenario parece poco probable.
El control de López Obrador sobre la campaña morenista incluye a la candidata y todas las decisiones políticas. La desarticulación de Omar Garcia Harfush y Ernestina Godoy, los más cercanos colaboradores de Sheinbaum, dejó claro quién conserva el mando, aunque haya entregado el bastón.
La cohesión de Morena está fincada en la figura de AMLO. Claudia Sheinbaum no genera mayor adhesión y ni siquiera tiene fuerza propia. Incluso ganando, las tribus morenistas difícilmente se alinearán con ella.
Y luego está la trampa de la revocación de mandato. Se presenta como un instrumento democrático que permite remover al presidente por pérdida de confianza de la ciudadanía. Paradójicamente, el resultado es exactamente lo opuesto: revertir la decisión popular emitida a través del voto. Es decir, al votar en una elección presidencial lo hacemos por un periodo de 6 años, por lo que la destitución del presidente a medio camino resulta ser una violación a la decisión tomada por la ciudadanía. Peor aún, resulta que el presidente puede ser removido por el voto de menos ciudadanos de los que le llevaron al cargo.
A iniciativa de López Obrador, en 2019 el Congreso incluyó la figura en la Constitución violando incluso el principio de no retroactividad para aplicarse al mandatario en funciones. El ejercicio, estrenado en 2022, consiguió a duras penas la participación de 16.5 millones de votantes, el 17.7% del padrón. Un enorme desgaste institucional y más de 1,500 millones de pesos tirados a la basura. Pero el mecanismo quedó ya como perverso incentivo para el futuro. En el mejor de los casos, la sombra de una revocación inhibe a un nuevo gobierno de tomar o negociar medidas necesarias pero que resulten impopulares y costosas políticamente. Mejor no hacer enojar al electorado en los tres años previos a la revocación. En el peor caso, es un incentivo perverso para los opositores politicos a estar agitando las aguas con la permanente amenaza de movilizar a la gente en contra del presidente en turno (el mecanismo se activa con la petición del 3% de la lista nominal de electores).
La revocación es un instrumento para generar inestabilidad de un gobierno adversario. Pero también para controlar a un gobierno aliado que quisiera salirse de control. Tan es así que ya el presidente anunció que busca bajar de 40% a 30% el umbral de participación requerido para hacer vinculante la decisión de remover al presidente.
El supuesto derecho ciudadano acaba siendo arma perversa de gobernantes autoritarios. ¿Será por eso que sólo está previsto a nivel federal en Bolivia, Ecuador y Venezuela? Saque usted sus conclusiones.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@VERONICAORTIZO
PAL