Entre 1988 y 2018 se implementaron en México políticas económicas del llamado programa neo-liberal. El neoliberalismo atiende los principios económicos del liberalismo clásico y obedece a una reacción mundial a gobiernos centralistas que resultaron en atrasos al bienestar económico de la mayoría de la población, de los sectores productivos nacionales y del crecimiento económico de los países. Básicamente, en esa época que, insisto, fue una tendencia mundial, se dio el vuelco a una economía de mercado, donde se privilegió la inversión privada y se limitó la intervención del gobierno en la economía. Uno de los elementos que supone el programa neoliberal es que se impacta al gasto público, a través de drásticos recortes y, por lo tanto, uno de los rubros presupuestales más afectados son los programas sociales. Esto no sucedió en México, a pesar de que así lo sostiene el mito popular.
Los opositores al neoliberalismo aseguran que los programas sociales son recortados y eso incrementa la desigualdad y ahonda la pobreza. En México, el paradigma neoliberal limitó la participación del gobierno en inversión productiva y las empresas públicas sólo fueron reservadas a sectores estratégicos, básicamente de energía. La privatización de empresas públicas sí se dio, con el supuesto de que la competencia privada provocaría mayor productividad y que eso detonaría el crecimiento económico. Primero, creación, y después redistribución de la riqueza a través de un régimen fiscal que gravara más a los de mayores ingresos, y después, a través de mejores empleos, se mejorarían los salarios y, por lo tanto, el bienestar social. Muchos de esto fueron sólo mitos, porque desgraciadamente los monopolios públicos se convirtieron en monopolios privados; ejemplos sobran en los sectores de telecomunicaciones, ferrocarriles y minas, por mencionar algunos. La competencia nunca llegó, por la tanto, la productividad y el crecimiento tampoco.
Otro de los elementos que suponía el programa neoliberal es que los programas sociales del gobierno deberían ser reconfigurados para reducir el impacto a los más pobres en esta etapa de transición económica. En concreto, en este paradigma, los programas sociales eran y son un mecanismo de compensación para los más desprotegidos. Entonces, las políticas neoliberales donde las medidas de austeridad y la privatización de servicios esenciales potencialmente afectan los presupuestos educativos, de salud y de asistencia social, tampoco acontecieron, al contrario. Las transferencias del erario público no fueron menores y los programas sociales, administrados por el gobierno federal, no se sujetaron a las fuerzas del mercado, sino a las fuerzas políticas en busca de votos. El PRI nunca dejó de utilizar los programas sociales para beneficiarse electoralmente y mantener el poder político.
Carlos Salinas continuó la política de su antecesor que él mismo había diseñado, y en la aplicación del modelo neoliberal las deficiencias del mercado laboral las suplió con aumento en el gasto social. Ahí está como muestra su famoso Programa Nacional de Solidaridad, que dio pie a lo que él llamó Liberalismo Social. Sin embargo, esto dio un vuelco en la administración de Ernesto Zedillo básicamente porque, a diferencia de sus antecesores, no le interesaba el uso político de los programas sociales, como tampoco le interesaba que el PRI se beneficiara de ellos.
Este vuelco fue dramático porque fue técnico; el combate a la pobreza se realizó con indicadores, encuestas, estadísticas y datos que segmentaban y regionalizaban la pobreza. Para esta tarea de planeación científica se apoyó, no en una dependencia política, sino en una técnica, y le entregó el diseño de los Programas Sociales a la Subsecretaría de Hacienda, y específicamente a Santiago Levy.
Los programas sociales dejaron el componente político y fueron rediseñados de manera importante por un economista experto en temas de crecimiento y desarrollo económico. El Programa Nacional de Solidaridad se descentralizó a los estados y municipios con fórmulas basadas en indicadores de pobreza y se invirtió en nutrición, vivienda y salud, a través de los programas Progresa-Oportunidades-Prospera. Por otro lado, vía estatal y municipal, el gobierno federal transfería recursos para infraestructura urbana, básicamente para obras de agua potable, drenaje y electricidad, entre otros.
Con Zedillo se fondearon programas sociales de manera inusitada y el recorte al gasto público y las medidas de austeridad no impactaron los programas sociales. En su hipótesis, el crecimiento económico se debía dar sin exacerbar la desigualdad social y sin disminuir el apoyo para los vulnerables, tesis parecida a la salinista, pero sin el componente político-electoral. La gente marginada no se puede quedar sin el soporte público, sin este las disparidades sociales crecerían. Ahí están los datos, el gasto público creció en las zonas más marginadas, tanto en infraestructura como en programas sociales o transferencias directas. Aun así, la pobreza no disminuyó, porque nunca hubo crecimiento económico. Es decir, esta política acertó en la parte social, pero falló en el crecimiento, y lo peor, la riqueza se concentró en pocas manos.
Con AMLO persiste la misma política macroeconómica, de comercio exterior, tributaria e incluso de combate a la pobreza. Ha habido importantes avances en el combate a la evasión tributaria y otros temas fiscales; pero, sin duda, los más destacados son los programas sociales, como la pensión de adultos mayores, que es ya un derecho social universal. En otros, se han cambiado nombre a varios programas o se han utilizado partidas de otros para crear algunos nuevos. Por ejemplo, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro sustituyo al Programa Primer Empleo; o las Becas Benito Juárez a las Becas Progresa-Oportunidades. Cambios de nombre, con nuevos censos, con nuevos mecanismos de entrega directa, sin pasar por operadores electorales y funcionarios que servían como intermediarios y, por eso, eran poderosos y muchos de ellos muy corruptos. Al final del día, la estrategia es muy parecida. Las ideas y los intereses son los mismos, y los resultados también son parecidos: es difícil acabar con la pobreza sólo con programas sociales, por más bien intencionados que sean, como los del presidente López Obrador.
Es importante también decir que en la actual administración crecieron las transferencias directas, lo cual en mi opinión es muy bueno; pero también, se acabó con los subsidios que impulsaban la micro productividad. Es muy rebatible si fue buena idea acabar con los subsidios, por ejemplo, al campo, lo cierto es el Presidente también sabía que se había convertido en botín y de organizaciones que acaparaban el monopolio del supuesto combate a la pobreza. Salvo honrosas excepciones, AMLO acabó con cotos de poder de muchas organizaciones y de burócratas que lucraban con los subsidios públicos para combatir la pobreza en el campo. Sin embargo, hay que decirlo: el gasto en transferencias directas creció, pero en subsidios disminuyó. Es decir, se cambió el dinero de bolsa, pero el gasto público social entre el gobierno de Zedillo, hace dos décadas, comparado en porcentaje con el de López Obrador, es muy parecido
Entonces, ni Zedillo era tan neoliberal como se supone, ni AMLO ha propiciado una vuelta a la intervención del Estado en la economía como muchos se empeñan en demostrar. Que yo sepa a nadie le ha expropiado nada. Su lucha es otra: contra la desigualdad, y yo creo que en eso se parece a Zedillo, con otros mecanismos, pero ambos tenían los mismos propósitos. Ahondaré en futuras columnas sobre estos temas que se quedan en el bolsillo.
La influencia del neoliberalismo en programas sociales es profunda y multifacética, por lo pronto me quedo con Santiago Levy cuando propone un Estado de Bienestar moderno, incluyente y eficaz, esa debe ser la nueva etapa para Mexico. Otra vez la planeación y la estrategia técnica de Zedillo, o del padre de los “programas sociales compensatorios”, Santiago Levy, y el impulso popular de AMLO para volver los programas sociales en universales y constitucionales. Me quedo con uno y con otro, porque al final, el objetivo era el mismo: combatir la pobreza. Zedillo, para corregir los defectos del mercado, AMLO, porque es un derecho de todas y todos los mexicanos. Por eso digo, que, aunque lo nieguen, se parecen, la historia parece demostrarlo.
POR HUGO ERIC FLORES
PRESIDENTE DEL PES MORELOS
@HUGOERICFLORES
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