Cuando decimos el viejo refrán “vuelve la burra al trigo” es para referirnos a la tozudez o a lo testarudo de quien insiste en lograr un cometido, a pesar de que se lo impidan.
Su origen, aunque incierto, refiere a que, por muchas veces que echemos a la burra del sembradío, para impedir su devastación, siempre regresará porque sabe que allí encontrará grano para comer.
Nunca mejor aplicado por lo que está sucediendo en nuestro país.
Los pesos y contrapesos que constitucionalmente están previstos para que exista equilibrio en el ejercicio del poder, son una y otra vez atacados por quien quiere el control autocrático de todas las instituciones.
En el contexto del ataque frontal al Poder Judicial desde hace ya buen tiempo, la semana pasada un diputado del partido mayoritario tuvo la grandiosa idea de presentar una iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de efectos de las sentencias de acciones y controversias constitucionales.
La propuesta de reforma es relativamente sencilla, pero de suma gravedad para el sistema de protección de los derechos humanos y el control de la constitucionalidad de leyes y actos.
En México, una ley puede ser impugnada en abstracto para que la Suprema Corte revise su constitucionalidad, a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.
Sin embargo, para que la norma que se estime inconstitucional sea expulsada del sistema y no se aplique a nadie, requiere de una votación calificada (por lo menos 8 votos de sus 11 integrantes).
Esa fórmula de por sí es debatible, porque permite que, aunque la mayoría en la Suprema Corte considere que la norma vulnera derechos humanos o es contraria a la Constitución, por la opinión de una minoría, siga vigente y sea aplicada, porque la impugnación se desestima y se archiva.
Ante ello, la protección que nos brinda el sistema constitucional es que, cuando esa norma sea aplicada en perjuicio de cualquier persona, ésta tiene a su alcance el juicio de amparo, en el que un juez puede analizar nuevamente su constitucionalidad e inaplicarla al caso concreto.
Para orientar su criterio, por supuesto puede tomar en cuenta la opinión de la mayoría de la SCJN, aun cuando no haya resultado obligatoria.
Pues bien, lo que se pretende con esta iniciativa es que, cuando no se alcance el mínimo de 8 votos para declarar inconstitucional una ley, no solo se desestime y archive la impugnación, sino que se declare formalmente su validez.
Además, que sea improcedente cualquier juicio o recurso en contra del mismo ordenamiento. Particularmente busca impedir que un juez de amparo proteja a una persona ante la aplicación de una ley inconstitucional.
Dicho en otras palabras, que la opinión minoritaria de 4 o 5 ministras y ministros valide una norma que la mayoría estima inconstitucional y, por tanto, sea aplicada a cualquier persona, sin la posibilidad de defensa alguna.
¿No quedamos que en democracia la opinión de la mayoría es la que prevalece?
El daño que se pretende hacer es claro. Busca restar facultades para que los órganos jurisdiccionales del país, en el sistema de pesos y contrapesos, ejerzan sus facultades para proteger los derechos humanos e impedir que leyes inconstitucionales sean aplicadas en perjuicio de las personas.
¿Para qué? Para que el Ejecutivo, el partido mayoritario y sus aliados sigan concentrando el poder en una sola persona y ejerciéndolo de manera arbitraria y por encima de la Constitución. No le digan que la ley es la ley.
Ante el cúmulo de críticas y la amenaza de la minoría parlamentaria de impugnar la evidente inconstitucionalidad de la propuesta de reforma, el llamado fast track se frenó, pero la iniciativa sigue viva y con ello el nuevo amago a nuestro sistema democrático constitucional. Volverá la burra al trigo, ¡estemos atentos!
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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