En los primeros días de febrero se registraron dos hechos significativos en el contexto del enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de Texas, debido a la crisis migratoria.
El primero fue la evacuación de casi 200 personas del centro de migrantes Firefly, de la Patrulla Fronteriza, ubicado en Eagle Pass, Texas, debido a la amenaza anónima de que el centro sería incendiado.
El segundo fue el arresto de un hombre de Tennessee, que le dijo a un agente encubierto que planeaba matar a inmigrantes ilegales con un rifle de francotirador en la frontera sur; que se estaba coordinando con milicias de Kentucky, Georgia, Carolina del Norte y Tennessee; y que “los patriotas se van a levantar porque estamos siendo invadidos”.
Puede que la amenaza al centro de migrantes y las palabras del supuesto francotirador no sean más que bravuconería o ganas de notoriedad, pero no deben ser desestimadas porque reflejan el encono en ascenso de algunos sectores de Estados Unidos, y particularmente de Texas, hacia los migrantes.
La atención a estas expresiones de odio será siempre necesaria para que no se traduzcan en hechos, por lo que es indispensable que los gobiernos estadounidense y texano muten su antagonismo en diálogo, aunque en año electoral parezca poco probable.
El conflicto ha crecido en lo que va de 2024, al grado de que la Guardia Nacional de Texas bloqueó el acceso de la Patrulla Fronteriza a un tramo importante de la frontera, a pesar de ser la instancia facultada para actuar en materia migratoria.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, acusa al gobierno del presidente Joe Biden de permisivo e incapaz de controlar la creciente ola migratoria registrada en 2023.
Una de sus formas de protesta fue trasladar a cientos de migrantes a Washington, así como instalar atiborradas estructuras de alambre de púas que dejan en claro que el paso por allí implica asumir riesgos mortales.
Biden acudió a la Corte y acusó al gobierno tejano de haber hecho imposible “que los agentes de la Patrulla Fronteriza pudieran brindar ayuda a tres migrantes mexicanos, que terminaron ahogados en el río Grande”.
La Corte habilitó a la Patrulla Fronteriza a quitar el alambre de púas, lo que pareció una victoria del presidente Biden, pero, con el apoyo de 13 gobernadores republicanos, Abbott argumentó que Texas tiene el derecho constitucional para defenderse y mantuvo sus cercas de alambre, en un insólito desafío al gobierno federal y a la Corte.
La Casa Blanca confiaba en la aprobación bipartidista de una ley para mejorar el control fronterizo, que incluía atribuciones de emergencia al presidente Biden para cerrar la frontera en caso de sobrecarga migrante.
El pasado 7 de febrero la oposición republicana rechazó el proyecto, lo que deja latente el conflicto entre las autoridades federales y las tejanas, y en estado de inseguridad a los migrantes que están en la franja fronteriza entre México y Texas, debido a la hostil retórica en su contra, la que hay que contrarrestar para evitar que se traduzca en violencia física.
POR MAURICIO FARAH
@MFARAHG
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
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