COLUMNA INVITADA

Son los sistemas penitenciarios

A casi 15 años de ajustes legales, ¿estamos realmente integrando en la sociedad a las personas en reclusión?

OPINIÓN

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Rodrigo S. Martínez-Celis Wogau / Colaborador / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

Las instituciones penitenciarias se erigen como un eslabón esencial dentro de la cadena de seguridad y justicia, son instancias que reflejan la fortaleza del Estado para sancionar a quienes deliberadamente socavan la paz. Son uno de los pilares fundamentales para alcanzar un verdadero Estado de Derecho.

Pero, ¿qué queremos como sociedad de los sistemas penitenciarios (32 estatales y 1 federal) en México? En junio de 2008, nuestro país atravesó por un periodo de Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia, la cual concibe que la vocación principal del Sistema Penitenciario NO es la contención NI reclusión, sino proporcionar a las personas privadas de la libertad las condiciones necesarias para reintegrarse positivamente a la sociedad.

Bajo esta premisa, el artículo 18 constitucional sentó las bases de un cambio de régimen de ejecución de sanciones, transitando de un modelo positivista a uno de corte garantista.

También permitió el cambio de paradigma de la readaptación social a la reinserción social de las personas privadas de la libertad, sobre la base del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, así como el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas en reclusión.

A casi 15 años de esos ajustes legales, ¿estamos realmente integrando en la sociedad a las personas en reclusión? ¿Se ha eliminado el autogobierno? Es cierto que ha habido muchos avances, no obstante, el Sistema Penitenciario Nacional sigue atravesando por una crisis que además impacta en el incremento de la incidencia delincuencial en el país.

Se ha sobrediagnosticado que en los Sistemas Penitenciarios del país prevalece la violencia, sobrepoblación, corrupción, motines, evasiones, autogobierno, extorsiones y delitos que se originan desde las cárceles.

A esto se agrega un olvido social histórico para atender dichas problemáticas, ya que implican la trazabilidad de un proyecto que requiere de la asignación de recursos. Tener buenos sistemas penitenciarios cuesta, no tenerlos cuesta aún mucho, mucho más.

Bajo esta premisa, ¿es posible reformar el sistema penitenciario? La respuesta es sí y como ejemplo se encuentra la experiencia reciente del Sistema Penitenciario del Estado de México, el más poblado del país con cerca de 35 mil personas privadas de la libertad.

Ahí se hizo evidente que las cárceles se pueden reformar si hay liderazgo, voluntad y un proyecto para hacerlo; muestra de ello fue que se logró disminuir las muertes violentas, los motines, las evasiones y la extorsión telefónica a mínimos históricos, así como la erradicación del autogobierno y una reducción de las violaciones a los derechos humanos, así como una mejora en todos los indicadores del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Es importante señalar que el control de las prisiones se tradujo también en una caída de la incidencia delincuencial en las zonas cercanas a éstas.

¿Cómo fue posible llegar a estos resultados? A partir de 2020, el Gobierno del Estado de México concentró sus esfuerzos en instrumentar un Nuevo Modelo Penitenciario para garantizar la seguridad, estabilidad y el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios mexiquenses.

Este Nuevo Modelo homologó protocolos y estructuras institucionales que por años habían estado fragmentadas, a fin de garantizar que el sistema operara de forma eficiente y efectiva.

La tarea de reorientar los procesos y el funcionamiento en general del Sistema Penitenciario se realizó tomando como punto de inicio la construcción de un Modelo de Gestión Penitenciaria.

Este Modelo incluyó tres componentes centrales: capital humano; protocolos y procedimientos sistemáticos de operación; y, ampliación de la infraestructura penitenciaria, así como el mejoramiento de tecnologías.

En entregas subsecuentes detallaremos cada uno de estos componentes y cómo sí es posible recuperar la autoridad del Estado en los Centros Penitenciarios. Agradezco la coautoría de mi excolaborador Jonathan González Torres.

POR RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS WOGAU

COLABORADOR

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