Las propuestas para reformar el Poder Judicial y desaparecer órganos autónomos trastocan la vida democrática al pretender eliminar los contrapesos, que hoy nuestra Constitución prevé para equilibrar el ejercicio del poder frente a la ciudadanía y frente a otros poderes.
Desmembrar el control constitucional del poder nos lleva a la Constitución Centralista de 1836 en nuestro país, en donde se instauró un Supremo Poder Conservador para influir sobre los demás poderes, controlarlos e incluso invalidarlos a conveniencia. Dicha Constitución tuvo el propósito de perpetuar el poder de la clase dominante, el dominio de la mayoría sobre la minoría, el dominio del Poder Ejecutivo sobre los otros Poderes y el dominio del poder sobre la disidencia. Que no se borre nuestra historia independentista y revolucionaria, que equilibró con constituciones federalistas y liberales, el control absoluto del Poder Ejecutivo desde que se derrumbó el Imperio hasta el Presidencialismo en la historia moderna.
Con nuestra Constitución de 1917 y las reformas que se han dado en las últimas décadas, al brindar autonomía a órganos técnicos, se ha ganado en democracia, en control constitucional y en tecnicidad por el bien común al momento de emitir decisiones. Si bien, coincidimos en que son perfectibles el sistema judicial y el quehacer de los órganos autónomos, siempre será mejor camino perfeccionar en lugar de retroceder. Llevar a la silla de evaluación en lugar de desaparecer. Remover de sus cargos a los que no cumplen con los mismos, en lugar de quitar equilibrios al poder y usar la coyuntura política de mayorías congresistas para complicarlos o cooptarlos.
Sustituir el Consejo de la Judicatura y a la par, a ministras y ministros de la Corte por personas electas popularmente, lo mismo que magistraturas y personas juezas, es capturar al sistema judicial por un régimen político ya que, las personas propuestas para la elección popular, “deberán el cargo” a un partido político por ponerlos en el listado a ser presentado a los electores. Una vez más, se impulsa el reparto de cuotas y cuates y, como alertó Ana Laura Magaloni “tendremos como resultado una Corte de políticos y no de jueces”.
El Tribunal de Disciplina Judicial que se propone crear en sustitución del Consejo de la Judicatura, será fácilmente utilizado como mecanismo de control político del Poder Ejecutivo contra personas juzgadoras, quienes perderán independencia y objetividad en sus resoluciones; tanto por la manera en la que fueron nombradas, como por la manera en la que serían investigadas y sancionadas.
Con un pie político en el cuello, es imposible esperar una resolución basada en la ley y la Constitución, pues la intimidación del poder político en su actuar de a quienes juzguen, paralizará su toma de decisiones técnicas y dará lugar a resolver por consigna, cual disciplina a ultranza del régimen Presidencial.
Pretender absorber el Poder Ejecutivo todas las funciones técnicas, independientes y autónomas en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, anticorrupción, telecomunicaciones y competencia económica, impedirá resolver vicios de resoluciones de dicho Poder y será fácil convertir esas materias en mecanismos de opresión contra particulares que sean considerados adversarios del régimen.
Es de gran relevancia desde la sociedad, hacer un respetuoso llamado al Congreso de la Unión para no poner en vilo la garantía de seguridad jurídica y no dejar nuestros derechos al asecho de estrategias electorales, ni en manos que concentren el poder; sino en manos independientes y técnicas; cuyo límite al actuar sea la propia ley y los contrapesos que hoy nuestra Constitución prevé para que el escrutinio judicial y el escrutinio administrativo de los órganos autónomos, salvaguarden con sus resoluciones, la legalidad y constitucionalidad de cualquier acto u omisión del poder público o privado.
La pluralidad y el pleno ejercicio de derechos, incluyendo los de las minorías, es la base de nuestra democracia y la simple intención de concentrar el poder en uno solo, debería llamarnos a la reflexión, incluso a quien lo propone, pues hoy es un partido el que detenta ese poder, pero mañana, podría ser otro y él mismo quedaría sin herramientas constitucionales para defenderse en contra de un poder que esté por encima de los otros, tal como ya vivimos en nuestra historia bajo el Supremo Poder Conservador. #OpiniónCoparmex
POR LEONOR QUIROZ CARRILLO
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD DE COPARMEX
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