Del alud de reformas enviadas por el presidente al congreso, una de las más dañinas es sin duda la que concierne al poder judicial. Lo es porque no busca mejorar la impartición de justicia sino purgar al aparato judicial y vengar agravios.
De nada sirvieron las modificaciones constitucionales de 2020 respaldadas por el entonces presidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar con las que, en sus palabras, “se consolidará una mejor justicia, sensible y profesional, en beneficio de la gente”.
Y no sirvieron porque se aprobaron las reformas, pero fracasaron los intentos por controlar a la Corte. Primero, cuando el entonces presidente de la SCJN Arturo Zaldívar no logró prorrogar su permanencia al frente del máximo tribunal y después, cuando la ministra Norma Piña obtuvo el cargo en lugar de la designada desde Palacio Nacional, Yasmin Esquivel.
Para cobrar tales agravios, la nueva reforma contempla el cese de todas y todos los ministros de la Suprema Corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados de Sala Superior y regionales del Tribunal Electoral de la Federación y consejeros de la Judicatura Federal en cuanto tomen posesión quienes resulten electos en la elección extraordinaria que deberá celebrarse en el plazo de un año.
Bajo el argumento falaz de una supuesta falta de legitimidad democrática de los juzgadores, se pretende “someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, (para que) representen las diferentes visiones de la sociedad mexicana”.
Todo esto atenta contra la división de poderes consagrada en el artículo 49 de la Constitución y de las normas para su integración. La legitimidad proviene de los mecanismos previstos en el mismo texto constitucional: elección popular para los poderes Ejecutivo y Legislativo, y nombramientos para el Judicial. En el caso de ministros de la Corte, previa ratificación de dos terceras partes del Senado.
Contrario a lo que sostiene la iniciativa de reforma, la fortaleza e independencia de los juzgadores no proviene de su cercanía con los electores, sino de su apego a la Constitución y las leyes. Someterlos al voto popular es abrir la puerta a intereses económicos, políticos e incluso criminales. Así como el crimen organizado está interviniendo en las elecciones, podría designar, vetar, amenazar o matar candidatos a jueces, magistrados y ministros. Por ello, no puede desestimarse la amenaza que estas iniciativas representan.
El hecho de que la actual Legislatura no tenga los votos para aprobarlas no quiere decir que estén muertas. Dependerá del voto ciudadano el próximo 2 de junio la suerte que corran.
Sabíamos por boca del propio presidente López Obrador su intención de mandar al diablo las instituciones. Ahora hace explícita su intención de acabar con la forma de gobierno prevista en la Carta Magna desde hace 107 años.
POR VERÓNICA ORTIZ
COLABORADORA
@veronicaortizo
MAAZ