Hace unos días, el Senado estadunidense rechazó una ambiciosa iniciativa bipartidista que reformaría la política migratoria y de asilo, las vías de acceso a la ciudadanía, así como la gestión de los cruces fronterizos. Ello, para atender la crisis en la frontera con México y buscar reducir drásticamente la llegada de migrantes y refugiados.
Entre las medidas contempladas en la propuesta –impulsada desde la Casa Blanca–, destaca la posibilidad de “cerrar” la admisión de inmigrantes al superar los 5 mil encuentros diarios. En ese escenario, el Departamento de Seguridad Nacional restringiría el número de solicitudes de asilo a mil 400 por día. Para contextualizar, en diciembre pasado se registró un promedio de diez mil encuentros diarios; gracias al diálogo bilateral, el promedio descendió a 3 mil en enero.
Durante la negociación, la minoría republicana logró que los demócratas aceptaran una serie de exigencias para endurecer la política migratoria, condicionando su respaldo al paquete de ayuda a Israel y Ucrania del presidente Biden. Este martes el Senado dejó fuera cualquier propuesta migratoria y aprobó un paquete de 95 mil millones de dólares de asistencia para esos dos países y Taiwán.
La propuesta inicial había enfrentado resistencia de los sectores demócratas más progresistas por considerarla draconiana y contraria a los principios de su partido. La minoría republicana, inicialmente dividida, finalmente atendió el llamado de Donald Trump a desecharla: porque, en gran medida, el éxito de su campaña depende de la persistencia de la crisis. Un sondeo reciente (Ipsos/Reuters) mostró que, sólo después de la economía (22%), la migración es el tema central para los estadunidenses (17% considera que es “el principal problema que enfrenta EE. UU.”). Además, es el asunto más importante para los electores republicanos (36%).
En la misma semana, el gobierno mexicano recibió a una delegación encabezada por Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de Seguridad Nacional. Se trata del primer encuentro de alto nivel en materia migratoria del año. Junto con el fracaso de dicha reforma, la recuperación de los cauces institucionales del diálogo bilateral es una buena noticia para México.
Sin embargo, no es suficiente. La complejidad del desafío migratorio exige una posición firme en defensa de los intereses nacionales. Más que una oportunidad, México tiene la responsabilidad de reconocer la crisis y promover un acuerdo corresponsable para gestionar el aumento de los flujos migratorios en la frontera norte, con pleno respeto a los derechos humanos.
La crisis migratoria es una realidad innegable y el diálogo bilateral es la ruta adecuada para atenderla. La migración debe permanecer como una prioridad de la agenda institucional para evitar, o por lo menos contener en lo posible, que se convierta en una bandera propagandística de la agenda electoral, lo que radicalizaría posiciones de suyo intransigentes, y pondría en mayor peligro a nuestros connacionales, tanto en la retórica como en los hechos. Si esto no se atiende con visión de Estado, será más fácil que los actores políticos lo capitalicen con estridencia de campaña. México conoce bien el desenlace de esa historia. Y no podemos permitir que se repita.
POR CLAUDIA RUIZ MASSIEU
@RUIZMASSIEU
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