Los asuntos consulares son tareas que ocupan la mayor parte del trabajo global de la diplomacia mexicana. Cada embajada cuenta con una sección consular y además existen docenas de Consulados Generales y Consulados de Carrera; eso significa 80 secciones y 68 consulados, 51 de ellos en Estados Unidos, pues con la diáspora mexicana concentrada en ese país, la demanda de servicios y documentos es inmensa.
El equivalente a 10% de la población mexicana vive en el exterior: al menos 12 millones de personas cuyo vínculo legal con nuestro país pasa en algún momento por una acción consular. Incluso, en los propios Estados Unidos, se calcula que, entre población indocumentada, documentada y varias generaciones de descendientes, más de treinta millones de habitantes podrían recurrir legalmente a nuestro país.
La protección consular, una de las actividades más intensas en esas oficinas, es proporcionada por México en muchas formas y no es extraño que, de contar con doble nacionalidad, muchas personas optan por el apoyo mexicano, por ejemplo, en las inmensas operaciones de evacuación ocasionadas por la pandemia en 2020.
Se calcula que los mexicanos residentes en el exterior, más allá de Estados Unidos, suman casi un millón. Destacan dos aspectos, primero el que México ha requerido crear una inmensa red de oficinas consulares en Estados Unidos para los más de 10 millones que ahí viven y que la dispersión geográfica de mexicanos en el resto del mundo es creciente y constante. Nuestra red consular en el vecino país es la mayor en el mundo entre países y no es necesariamente suficiente ante la creciente suma de tareas que se asignan a los consulados.
Entre las iniciativas legislativas regulares se encuentra la propuesta de adiciones a la Ley del Servicio Exterior Mexicano para que desempeñe nuevas tareas en sus consulados. La atracción política por presentarse como campeones de los derechos de los mexicanos es un tema de gran interés para senadores y diputados. Sin embargo, rara vez esas adiciones legales, de ser aprobadas, conllevan los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios para las tareas. Se empadrona ciudadanos, por ejemplo, con el mismo personal sueldos y computadoras con las que se hacen el resto de las tareas, lo que necesariamente provoca menor eficiencia en otras acciones. Por supuesto, la versión institucional siempre destaca resultados positivos y el cumplimiento de las encomiendas, pero la presión al sistema es constante y tiene altos costos humanos.
Usualmente los consulados y las secciones consulares cuentan con más personal local que las embajadas y sobre todo en el caso de los primeros la mayor parte de esas personas son ciudadanos mexicanos con sus propios retos en materia de visa y residencia. Ello significa que en un momento dado la mitad de los integrantes del Servicio Exterior está adscrito en Estados Unidos, al igual que la mayor parte de los empleados locales, lo que repercute en la disponibilidad de recursos para atender a nuestra diplomacia en el resto del mundo.
No hay política pública eficiente sin el presupuesto necesario para ejecutarla. Además, nuestra acción consular se desarrolla en otro país, conviviendo con las legislaciones locales y con un mandato real establecido por la Convención de Viena sobre relaciones consulares del 63. En la actualidad muchas de nuestras acciones consulares dependen de la buena relación de nuestros agentes consulares con autoridades locales.
Sin duda la Convención requiere una revisión ante la movilidad humana del siglo XXI, pero, para el caso de México se necesita más personal local, más funcionarios consulares y mucho mayor presupuesto ante el tamaño de nuestra población en el exterior. Podemos empezar con la comprensión de los retos que el SEM enfrenta y la capacidad real y legal de operación y atención.
POR DAVID NÁJERA
EMBAJADOR DE MÉXICO. PRESIDE LA ASOCIACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO WWW.ASEMX.ORG
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