México es uno de los países que cuenta con mayor experiencia en materia migratoria. Desde fines del siglo XIX, millones de mexicanas y mexicanos han migrado, fundamentalmente a Estados Unidos, en busca de mejores ingresos. Pero también más de un millón de estadounidenses han migrado a nuestro país.
Cientos de miles de canadienses, estadounidenses y europeos se trasladan a México cada año durante el invierno. La migración es parte de nuestra cultura y nuestra economía.
Durante veinte años, a partir de 1943, México y Estados Unidos celebraron convenios para que cientos de miles de trabajadores mexicanos fueran a laborar en ese país.
En 1964 Estados Unidos dio fin a esos acuerdos, pero no al flujo de trabajadores migrantes, quienes continuaron trasladándose sin documentos a ese país por la existencia de una demanda insatisfecha de mano de obra.
La falta de un convenio bilateral significó una mayor indefensión de los derechos humanos y laborales de los mexicanos que iban a trabajar a Estados Unidos. Hoy más de seis millones de mexicanos trabajan en ese país sin documentos.
Hacia fines de los años setenta, el gobierno mexicano se convirtió en el más activo defensor de los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes. En 1990 la ONU aprobó la Convención sobre los derechos humanos de todos los trabajadores migrantes, propuesta por México.
Desde entonces, la ONU, la OEA, la OIT y otras organizaciones internacionales y regionales, han aprobado docenas de resoluciones y declaraciones cuyo tema central es exigir a los gobiernos, de los países emisores, de tránsito y receptores, pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes.
México fue uno de los principales impulsores del Pacto Global sobre Migración, aprobado por la ONU en diciembre de 2018, cuyo objetivo central es lograr que todas las migraciones se realicen de forma segura, regular y ordenada. Aunque no es un tratado jurídicamente vinculante, el Pacto contiene una visión integral de la movilidad humana. No se centra únicamente en la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, sino que también reconoce los impactos positivos de la migración en el desarrollo de los países.
El Pacto no impone ninguna receta de política migratoria a los estados. Presenta opciones de las mejores políticas públicas y prácticas internacionales para atender la migración, que han demostrado su eficacia en diferentes países.
El éxito de muchas de esas políticas depende de la cooperación entre los gobiernos y otros actores, en particular las organizaciones del sector privado y las organizaciones internacionales.
Nuestro mantra histórico siempre ha sido la protección de los derechos humanos y laborales de los migrantes, pensando en nuestros connacionales en Estados Unidos. Pero, hay que reconocerlo, no hemos actuado de la misma manera cuando se trata de migrantes pobres de otros países, sobre todo los que llegan sin documentos a nuestro territorio por la frontera sur.
Por eso, complace observar el inicio de actividades en México de la organización Tent México, una coalición de cincuenta empresas privadas, entre las que se encuentran muchas de las grandes empleadoras de nuestro país, que se han comprometido a ofrecer empleo a migrantes y refugiados que ya viven en México.
El anuncio se hizo el pasado 7 de febrero, en un evento encabezado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (quien preside la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria), el Secretario del Trabajo, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Directora General de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el embajador de Estados Unidos en México, así como de los directivos de las empresas, entre las que se encuentran FEMSA, Accenture, Amazon, Comex, PepsiCo, HSBC.
Tent México es parte de Tent Partnership for Refugees, una red global de más de 350 empresas comprometidas con la integración laboral de refugiados y migrantes. Según un estudio realizado por esa organización, en México hay más de 600 mil personas en situación de movilidad, pero el 75 por ciento de ellas carecen de un empleo formal.
Por otra parte, COPARMEX ha reportado que existen entre 1.2 y 1.6 millones de vacantes en el mercado laboral mexicano, por lo que existen oportunidades laborales para migrantes y refugiados que han llegado a nuestro país en busca de una nueva oportunidad, una nueva vida.
Para México, ofrecer oportunidades laborales a los refugiados y migrantes que ya viven en nuestro país es un acto de congruencia que no sólo los beneficia a ellos, sino también a las empresas que los contratan, y a las comunidades locales donde habitan.
La migración internacional seguirá siendo por mucho tiempo uno de los grandes desafíos en la agenda mundial. Ningún gobierno, por sí solo, puede hacerle frente.
Requiere de la cooperación de otros estados, y de alianzas multiactor, en la que participen los empleadores, las organizaciones internacionales como ACNUR y OIM, organizaciones de la sociedad civil, y expertos en movilidad internacional. Bienvenida esta iniciativa realmente innovadora.
*MIGUEL RUIZ CABAÑAS ES PROFESOR EN EL TEC DE MONTERREY
@miguelrcabanas
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