En el ajedrez político de México, la propuesta de desaparecer los órganos constitucionales hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una jugada que amenaza con desequilibrar el tablero de nuestra democracia.
Esta iniciativa no solo representa un cambio administrativo, sino un potencial desmantelamiento de los pilares que sostienen nuestra división de poderes.
Desde el inicio de su mandato, López Obrador ha atacado constantemente a las entidades fundamentales para el equilibrio y la integridad del Estado.
Órganos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no son meras burocracias; son cimientos de nuestra democracia, diseñados para actuar como contrapesos.
La propuesta de su eliminación es una señal de alarma. La desaparición de estos órganos abriría la puerta a una centralización del poder, un camino peligroso hacia el autoritarismo.
En el modelo del Estado Regulador, implementado en México hace más de tres décadas, la función de estos órganos es primordial. Instituciones como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) garantizan la competencia leal y previenen abusos de mercado, actuando con la autonomía esencial para la aplicación objetiva de las regulaciones.
Su independencia es un freno contra la influencia política en decisiones cruciales para la economía y los derechos de los ciudadanos.
La propuesta del presidente ignora la importancia de estos órganos en el mantenimiento de un sistema equilibrado y justo, representando un retroceso democrático, un riesgo para la estabilidad económica y la integridad de nuestros mercados.
Como sociedad, debemos reflexionar sobre las consecuencias de tal medida.
Estamos ante un punto de inflexión crítico: o defendemos las estructuras que protegen nuestra democracia o permitimos que se desvanezcan bajo el peso de la centralización del poder.
La democracia mexicana, aún joven y en proceso de consolidación, se merece una defensa firme y comprometida.
Cada ciudadano tiene el deber de alzar la voz, no solo en las urnas, sino en cada espacio de discusión pública, para asegurar que las decisiones que se tomen hoy no comprometan nuestro mañana.
El futuro de México está en juego, y es hora de que cada uno de nosotros juegue su parte.
POR ITZEL ARELLANO CRUCES
JEFA DE OFICINA DE LA COORDINACIÓN DEL GPPAN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
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