¿Cuáles son las implicaciones de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aceptar la consulta respecto a la reforma constitucional al Poder Judicial? ¿Se trata de un golpe de Estado técnico? Antes de responder, aclaremos algunas cosas.
La complejidad es mayor porque los integrantes de la SCJN, en este tema, son jueces y parte. Independientemente de si se está a favor o en contra del contenido, la reforma constitucional al Poder Judicial es legal, legítima y forma parte del texto constitucional.
Es legal porque se aprobó conforme a los artículos 39 y 135 de la Constitución; de acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, los reglamentos de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; así como en los congresos de los estados. Se siguió el proceso legislativo en todas sus etapas, fue aprobada por una votación de dos tercios en ambas cámaras del Congreso de la Unión, por la mayoría de las legislaturas de los estados, firmada por el Presidente y publicada en el Diario Oficial de la Federación.
Es legítima porque la reforma es producto de una larga y amplia discusión pública, en la que participaron todos los que lo desearon. La reforma al Poder Judicial fue una propuesta que formó parte de la plataforma política del nuevo gobierno y fue validada en cientos de plazas públicas durante la campaña.
A la Suprema Corte le corresponde el control constitucional, no la revisión constitucional. Esto es así por la división de poderes y por la propia Constitución. No hay en México un poder supremo, sino competencias de poderes.
La Suprema Corte tendría que haber desechado esta y las demás peticiones al respecto por falta de sustento. Lástima que el gesto de la presidenta de la Suprema Corte en la toma de posesión de Claudia Sheinbaum haya quedado en eso, una simple foto. Tal parece que la ministra Norma Piña desea atizar la hoguera de la polarización antes de irse.
¿Qué puede pasar después de la consulta? La primera opción es que el ministro ponente responda que no es procedente que la Suprema Corte revise una reforma constitucional. La segunda es que sí proceda, y entonces la Corte la revisará y emitirá alguna resolución al respecto.
La primera ruta es la única posible, la que se ajusta al derecho y a la propia Constitución. La segunda sería una provocación.
Bien hace la presidenta Claudia Sheinbaum en no caer en esta trampa. La decisión está en manos de la mayoría de la Suprema Corte que apoyó la consulta. Ya se equivocaron al negarse a participar en el proceso desde el principio y en defender únicamente sus privilegios. Espero, por el bien del país, que no lo hagan nuevamente.
Eso pienso yo, ¿usted qué opina?
La política es de bronce.
POR ONEL ORTIZ FRAGOSO
ANALISTA POLÍTICO
@ONELORTIZ
MAAZ