La Reforma Constitucional aprobada la semana pasada, que adscribe la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, genera una institución mixta, en el sentido de que es producto de ingredientes de dos naturalezas distintas: civil y militar. Esto fortalece su función en materia de seguridad, dentro de un marco estricto de respeto a los derechos humanos.
Ante el fracaso de las políticas de seguridad en sexenios anteriores, y la carencia de corporaciones policiacas estables, profesionales y capacitadas, el Gobierno de la Cuarta Transformación ha dado un golpe de timón. La reforma concilia los objetivos de garantizar la seguridad del Estado Nacional y la seguridad pública con la participación de las fuerzas armadas, supeditadas al mando civil del Poder Ejecutivo, y basada en políticas de prevención, investigación y combate al delito, dictadas y ejecutadas por medio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Lo anterior se debe a que el reto que enfrenta nuestro país en materia de seguridad es doble y tiene su raíz en la operación de bandas de alcance internacional en territorio mexicano. El tráfico ilícito de drogas y armas, relacionado con estas actividades criminales, es un fenómeno mundial que ha dado origen en México a cárteles locales, dotados de enormes recursos financieros y apoyo paramilitar. Estos grupos cometen delitos comunes como homicidios, secuestros, extorsión, entre otros, lo que representa una amenaza tanto para la seguridad nacional como para la seguridad pública.
En México, la participación del Ejército en tareas de seguridad pública se realizó durante al menos cincuenta años fuera del marco legal, lo que sumió dicha función en la opacidad y generó sospechas sobre el debido respeto a los derechos humanos. El presidente López Obrador tomó la iniciativa de legislar para enfrentar este desafío desde sus causas, a través de políticas sociales de paz con justicia, dejando atrás el fracaso de la guerra total, que en su momento implicó enormes costos en daños colaterales, al tiempo que, a través de inteligencia, se aplica la fuerza necesaria para combatir a la delincuencia, pacificar al país y erradicar la impunidad.
A ello corresponde, que una de las claves de la reforma consista en la participación de la Guardia Nacional en labores de investigación bajo la supervisión del Ministerio Público, una institución autónoma y de carácter civil, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos de víctimas e inculpados desde el primer contacto con la autoridad. Queda atrás el tabú de la “militarización”, una vez que, en los términos de la reforma, se atiende la relación entre seguridad nacional y seguridad pública, cuya visión equívoca en el pasado dejó al Estado y a la sociedad indefensos frente al crimen organizado y las fuerzas internacionales que lo impulsan.
POR LUIS FERNANDO SALAZAR
SENADOR DE LA REPÚBLICA POR COAHUILA
@SALAZARLUISFER
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