Las carreteras son las vías por donde se mueve la inmensa mayoría de las mercancías lícitas, pero también sobre estas se mueven las mercancías ilícitas. Ambos flujos suelen utilizar exactamente las mismas rutas. Las vías de comunicación terrestre también constituyen la columna vertebral para que los grupos de poder puedan asegurar su movilidad y así, ampliar sus zonas de presencia/influencia, además de mantener cierto control en las que consideran sus territorios (autoridades, grupos criminales, contestatarios, cacicazgos, etc.).
En los últimos meses existe una percepción de descontrol y falta de presencia de la autoridad en las carreteras del país. Todos los días se generan noticias sobre constantes robos de camiones de carga, ya sea por la carga o por los propios tractocamiones; asaltos y secuestros de viajantes en vehículos de pasajeros o particulares (principalmente inmigrantes sin documentos); tomas de casetas para solicitar dádivas, entre muchas otras notas.
Resulta sumamente importante mantener el control sobre la red nacional de caminos. Cabe recordar que durante la pandemia del COVID19, algunas comunidades del sur del país cerraron caminos para impedir que “llegara gente de fuera y esparciera el contagio.” Según diversas fuentes, estos bloqueos realmente fueron orquestados por organizaciones criminales con el propósito de fortalecer sus acciones y presencia en aquellas comunidades.
Aunque los grupos criminales han entendido la trascendencia, pareciera que como Estado mexicano no hemos dimensionado la importancia que reviste. Es de interés nacional para México el mantener el control de las carreteras en el país. Hasta ahí el argumento hace mucho sentido; aunque la situación se complica cuando empezamos analizar el fenómeno a la luz de datos duros.
Según el Instituto Mexicano del Transporte y el INEGI, con datos de 2023, en el país existen 178,217 km de carreteras pavimentadas (de las cuales 51,339 km son carreteras federales; 103,023 km son carreteras estatales y 23,855 km son municipales o particulares). Destaca que existen 527,744 km de caminos NO pavimentados. Sumando a lo anterior otro tipo de vías, el cálculo final de la longitud de la Red Nacional de Caminos es de 836,603 km. Si partimos del principio de que existen 227,727 policías estatales y municipales (cifras INEGI), así como cerca de 250,000 militares, marinos y GN (cifras informes conferencias mañaneras), tendríamos a UN elemento uniformado por cada 1.75 kilómetros de caminos (suponiendo que siempre estén todos patrullando, sin vacaciones, sin descansos y sin atender otro tipo de comisiones). Por lo anterior es claro que el “despliegue” y “patrullajes” NO son la solución para atender el tema. El número de elementos uniformados de los tres órdenes de gobierno NO es NI será suficiente.
¿Qué puede hacer el Estado mexicano ante este reto? Propongo tres líneas de acción que pueden servir como base para resolver un problema que nos debe interesar a todos. Dichas líneas de acción deben complementarse con otras acciones más de corte local.
Primero se deben focalizar los trabajos. Sí, se deben priorizar las vías primarias. De los más de 800 mil km de caminos, sólo 11,094 km son carreteras de cuota (casi la totalidad vías federales). Dentro de estas, habría que seleccionar los puntos más complicados con base en la “ley de concentración de delito” que señala que un alto porcentaje de incidentes seleccionados se concentran en una parte del territorio. Este criterio se debe encimar sobre un mapeo estratégico para identificar las vías/puntos de mayor importancia para el comercio y el traslado de personas.
En segundo lugar, se deben sumar los trabajos de las fuerzas federales, estatales, municipales y del sector privado. Aunque un robo suceda en una vía federal, en donde los otros órdenes no tienen competencia, la carga terminará circulando por vías estatales/municipales y llegará a un punto que sí es de competencia de los órdenes de gobierno locales. Además, el sector privado cuenta con información estadística y táctica clave para que las distintas autoridades puedan mapear con exactitud lo que sucede. El problema es de todos, la única forma de atenderlo es sumando las capacidades de todos los actores (siempre con claridad en lo que compete a cada quién). La coordinación efectiva sí para la operación, pero también para la generación de paquetes de inteligencia accionables resulta indispensable.
Por último y no menos importante, las labores de investigación de la policía y del sector privado son fundamentales para identificar a los generadores de violencia y neutralizar a las amenazas reales. La estadística es importante y útil para la toma de decisiones, pero el problema sólo se resuelve si los responsables de las acciones delincuenciales NO quedan impunes. Cuerpos de policías más profesionales con capacidades de investigación son la solución necesaria.
En el Estado de México entre el 2020 y 2023 se realizaron acciones para atender el robo a transportistas en carreteras con base en los tres puntos anteriores, focalizando los trabajos en el Arco Norte (vía federal) y en el Circuito Exterior Mexiquense (vía estatal). Ambas rutas fueron cubiertas por unidades federales, estatales, municipales y con el acompañamiento del sector privado. El resultado fue una caída anual constante de robo a transportista de 4,979 casos registrados en 2020 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a 3,868 en 2023.
Mantener el control gradual de las carreteras y caminos en el país aseguraría mejores flujos comerciales y de personas, claves para el desarrollo del país. Además, limitaría en principio, la expansión desmedida de grupos delincuenciales e impactaría en la percepción de seguridad. Esto constituye la base para fortalecer al Estado Mexicano.
POR RODRIGO S. MARTÍNEZ-CELIS WOGAU
COLABORADOR
PAL