El cierre e inicio de año es época de reflexión, balance, propósitos y retos. Este Año Nuevo, en términos políticos, no son la excepción.
En el contexto de la elección más grande de la historia de nuestro país, me parece que debemos fijar nuestra atención, principalmente, en tres instituciones que serán clave para brindar estabilidad política al país en la transmisión del poder en aproximadamente veinte mil cargos públicos, incluida la presidencia de la República y nueve gubernaturas.
Me refiero al INE y el Tribunal Electoral, cuya responsabilidad es organizar las elecciones y garantizar que se respeten los principios constitucionales, particularmente la equidad en la contienda, y que los procesos electorales transcurran con normalidad; así como a la Suprema Corte que, como garante de la Constitución y cabeza del Poder Judicial, será también clave.
El semáforo 2024 prende en luz amarilla cuando hacemos el balance de los acontecimientos más recientes en esas tres instituciones al finalizar el año pasado, que responden principalmente a las divisiones que se presentan en su interior, contagio de la polarización política y descomposición social que permea en el país en los últimos años.
Recordemos que el INE, derivado de la renovación de su presidencia y tres consejerías en abril pasado, tiene aún pendiente el nombramiento de varios puestos clave en la estructura ejecutiva central, esto es, titulares de la Secretaría Ejecutiva y 10 de las 16 direcciones ejecutivas y unidades técnicas que, junto con los órganos desconcentrados, son quienes organizan el proceso electoral.
En diciembre pasado, su Consejo General aprobó un acuerdo que regula dichos nombramientos y establece un plazo de 30 días para que su consejera presidenta proponga y procese dichos nombramientos. Confiemos en que se logren los acuerdos necesarios para su concreción, pues resulta indispensable que las áreas ejecutivas y técnicas operen con normalidad.
El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, órgano fundamental que vigila la constitucionalidad y legalidad de las decisiones de las autoridades electorales y dota de certeza al proceso. En su caso, de por sí indebidamente integrado, dado que el Senado tiene pendiente el nombramiento de 2 magistraturas de Sala Superior y 6 de sus Salas Regionales, derivado de diferencias respecto de la administración interna, al finalizar el año el Magistrado Reyes renunció anticipadamente a la presidencia, para dar paso a la elección de la Magistrada Soto como su nueva presidenta, quien tiene el reto de lograr unidad en el colegiado y mantener igualmente la normalidad institucional.
La Suprema Corte desafortunadamente no fue la excepción, dada la polémica salida del ministro Zaldívar y el inédito nombramiento por parte del titular del Ejecutiva de la ministra Batres, que llega al órgano en medio de fuertes críticas y con un discurso igualmente polémico. El reto que enfrenta ese órgano es preservar su independencia y autonomía ante el acoso del presidente y la constante amenaza de su reforma y debilitamiento, en un contexto en el que la falta de acuerdos políticos ha provocado su judicialización.
La buena noticia radica en que esas tres instituciones gozan de muy buena aprobación y prestigio ante la ciudadanía. Eso no es gratuito. Según la Tercera Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana 2023 de GEA-ISA, un alto porcentaje de la población considera que el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte cumplen adecuadamente con su función (80%, 69% y 79%, respectivamente).
En ese sentido, el reto que enfrentan es preservar esa confianza ciudadana bien ganada. Para ello es necesario continuar demostrando a través de sus determinaciones que gozan de autonomía e imparcialidad, emitiendo sus decisiones con apego a la Constitución y la ley, máxime cuando observamos a otras autoridades y actores políticos a los que les incomoda la norma.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
EEZ