En México, desde hace décadas, pero especialmente en lo que va del siglo, tenemos múltiples expresiones de la migración internacional irregular: somos origen y a la vez destino; somos víctimas y victimarios; nos piden y pedimos asilo; llegan otros en busca de trabajo y salimos nosotros con el mismo fin; recibimos flujos migratorios y conformamos nuestras propias oleadas hacia el norte.
Si hay un pueblo que conoce las dificultades, el dolor y la esperanza de la migración, es el nuestro. Sabemos lo que es recibir a migrantes ajenos y despedir a los propios. Por eso estamos en condiciones de asumir que si es complejo ser territorio de destino y si es doloroso serlo de origen, serlo de tránsito implica una enorme responsabilidad.
Los transmigrantes suelen ser los más vulnerables de todos los migrantes porque ya no están en el país de origen y todavía no están en el de destino. Avanzan en la nada, sombras de sombras hasta la invisibilidad. Entre esas sombras ocurren los abusos y delitos que padecen, el secuestro entre ellos, cuyo desenlace es siempre impredecible.
El evento registrado más reciente es el de la noche del 30 de diciembre, cuando sujetos armados interceptaron un autobús y se llevaron a 32 migrantes en Río Bravo, Tamaulipas, los cuales, afortunadamente, fueron liberados una vez que, lamentablemente, tuvieron que pagar por ello.
La comisión de este delito en contra de migrantes está documentada en México desde hace al menos 18 años, cuando el padre Alejandro Solalinde denunció casos en Ixtepec, Oaxaca. Le di seguimiento al tema desde mi responsabilidad en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo que desembocó en el Informe Especial sobre secuestros de migrantes, que dimos a conocer en junio de 2009.
Hay secuestros que nadie registra: los migrantes son privados de su libertad y sus familiares pagan desde Estados Unidos, un ciclo delictivo que pasa sin dejar rastro estadístico, pero que cala para siempre en la memoria de los plagiados.
Algunos secuestros terminan en homicidios, en tanto que otros son detectados por las autoridades, casi siempre por denuncias ciudadanas, y concluyen con la liberación de las víctimas.
En 2023, por ejemplo, los medios dieron a conocer el rescate en el país de alrededor de 500 migrantes secuestrados, entre venezolanos, colombianos, hondureños y otras nacionalidades de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe.
Es una grave paradoja que los delincuentes secuestren a quienes huyen de la pobreza para exigirles dinero, y a quienes escapan de la violencia para someterlos a una violencia extrema.
Se consuma así el absurdo de que los que nada tienen terminan por abultar los bolsillos de quienes acumulan riqueza extrayéndola de la pobreza.
Nada deben los migrantes a esa delincuencia ávida, pero han de pagar derecho no de piso sino de paso a quienes ven en la necesidad botín y en la indefensión oportunidad de lucro mal habido.
En 2024, todas las expresiones de la migración deben ser atendidas, desde luego, pero la de los transmigrantes merece especial atención, justamente por su condición extremadamente vulnerable.
POR MAURICIO FARAH
@MFARAHG
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
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