La existencia de un sistema público de televisión es esencial en una democracia, ya que cumple con funciones cruciales para el fortalecimiento de la cultura democrática, la promoción de la diversidad cultural y la imparcialidad en la información. Estos medios tienen la responsabilidad de actuar como un espacio donde se difunde conocimiento, se fomenta el debate y se promueve la pluralidad de ideas, contribuyendo así al desarrollo de una sociedad informada y participativa.
Uno de los roles fundamentales de un sistema público de televisión es promover la cultura democrática al ofrecer contenidos que estimulen el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Este medio debe ser un espacio en el que se reflejen las diversas opiniones y perspectivas de la sociedad, permitiendo a los ciudadanos formar sus propias opiniones de manera informada.
Además, la imparcialidad en la presentación de información es esencial para garantizar que los ciudadanos confíen en los medios públicos como fuentes confiables y objetivas.
Sin embargo, el reciente uso del sistema público de radio televisión de Veracruz para hacer propaganda a favor de la precandidata oficialista al gobierno del estado, representa una grave violación de estos principios. Este acto no solo distorsiona el papel original del sistema público, sino que también implica la desviación de recursos públicos para favorecer a un partido político en el poder, violando así el artículo 134 de la Constitución Política de México.
La coalición opositora que postula a José Yunes Zorrilla, integrada por el PRI, PAN y PRD; han presentado los recursos legales correspondientes para sancionar a los responsables de este acto en donde utilizaron la señal televisiva pública para hacer propaganda en favor de la aspirante oficialista Rocío Nahle. El director general de Radio Televisión de Veracruz debería mostrar una pizca de dignidad y renunciar de inmediato, reconociendo la gravedad de desvirtuar un medio público para favorecer intereses partidistas.
Las autoridades electorales deben abordar esta situación con urgencia. Deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas y tomar medidas apropiadas para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso electoral. La democracia depende de la integridad de los procesos electorales y de la confianza de la ciudadanía en las autoridades.
En reflexión, un caso de corrupción de esta magnitud va más allá de una simple violación de la ley. Representa un ataque directo a los principios fundamentales de la democracia y socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La lucha contra la corrupción no solo debe centrarse en la aplicación de sanciones legales, sino también en la construcción de una cultura política que promueva la transparencia, la responsabilidad y la ética en todos los niveles del gobierno y la sociedad. Estaremos atentos para exhibir y denunciar a los corruptos morenistas que pretenden distorsionar los resultados de la contienda electoral con ilegalidades.
POR LORENA PIÑÓN RIVERA
DIPUTADA FEDERAL
@lorenapignon_
MAAZ