Gobernantes y políticos en todo el mundo están en pie de guerra en contra de sus sistemas jurídicos y procedimientos judiciales. En general, se puede afirmar que consideran que los jueces y magistrados de sus países restringen su omnipotencia cuando quieren brincarse las leyes para imponer su voluntad. Muchas veces, incluso, van en contra de las cortes de sus países al mismo tiempo que descalifican a las normas electorales y a quienes tienen la responsabilidad de hacer que se acaten.
En la medida en que crece el número de gobernantes con improntas autoritarias en todo el mundo, y que los cuestionamientos a la validez y vigencia de los regímenes democráticos abundan cada día más, la presión por eliminar los obstáculos al ejercicio del poder sin limitaciones también crece con el tiempo. El número de candidatos a dictadores crece más rápidamente que la aparición de candidatos comprometidos con la causa liberal y democrática.
Está inscrito en el ADN de todo aspirante a autócrata que el sistema judicial es, por definición, un poder que se dedica a restringir las acciones, decisiones y orientaciones de políticas públicas del gobernante. Y, según la versión autocrática, los jueces, cuando no son maleables o comprables, son un verdadero problema al buen gobierno.
Los casos de Israel y México son los que han sonado recientemente con más fuerza por el conflicto entre los Poderes Ejecutivo y Judicial de sus respectivos países. Desde retóricas diferentes, pero con los mismos objetivos en común, los líderes de ambos países han dedicado un gran esfuerzo y mucho tiempo a desacreditar a los máximos tribunales de sus respectivos Estados. En Israel se debate sobre leyes aprobadas por el parlamento y en México el marco de referencia es la Constitución y las leyes que de ella emanen.
El gran argumento primordial de Netanyahu y López Obrador es que las cortes obran de forma ilegal. Argumentan que los jueces están asumiendo que pueden anular las decisiones y acciones de los presidentes, en cuanto su validez constitucional o del marco legal aprobado en el Knesset. Los presidentes cuestionan ese actuar de los jueces, y los denuncian por actuar “fuera de la ley”. Incluso, acusan a los jueces de asumir un papel de legisladores, al corregir o, de plano, desechar medidas adoptadas por el Poder Legislativo de cada nación. Dicen que el actuar de los jueces es “ilegal” o “anticonstitucional”, dependiendo del país.
Al proseguir en su ataque a los jueces y ministros, ambos gobernantes plantean el rediseño de su composición y ofrecen una nueva definición de sus funciones. Ambos buscan, por vías diferentes, la posibilidad de colonizar sus cortes, especialmente la Suprema, para variar su correlación de fuerzas internas. En todos los casos la intención de reestructurar la corte es para darle al gobernante la posibilidad de controlar las decisiones de los jueces, y evitar que cuestionen la legalidad del Poder Ejecutivo.
También hay especificidades entre ellos que los hacen distintos, pero que finalmente coinciden en el objetivo estratégico de controlar a las cortes. Netanyahu quiere evitar ser enjuiciado por corrupto y, por tanto, busca anular la facultad de la corte de poder destituir al Presidente.
Su guerra contra la corte tiene ese objetivo en mente. Su pretensión encontró tanta resistencia en la sociedad israelí que tuvo que empezar a matizar su propuesta, pero básicamente negándose a abandonar la idea de colonizar la corte y dividió profundamente a la sociedad israelí, pues un sector veía en el proyecto de Netanyahu el inicio de una deriva autoritaria. Esa división sin duda alentó a Hamas a considerar que era el momento propicio para atacar a la “fortaleza” israelí. Aparentemente la división interna en Israel provocado por el intento de Netanyahu de reformar al sistema judicial fue el banderazo a Hamas para atacar.
En el caso de López Obrador, ha planteado un recurso demagógico: la elección de los ministros de la corte por voto popular. Es su estrategia para apoderarse del control de las decisiones de la corte durante décadas después de haber dejado el poder. ¿Cuál es su intención de lograr ese control? Que ni él ni sus familiares sean enjuiciados por corrupción a futuro.
Finalmente, y por vías distintas, tanto Netanyahu como López Obrador están preocupados por los juicios en su contra por corrupción.
Sin embargo, ambos gobernantes han fracasado en su intención de controlar a las cortes…hasta ahora. Debido en parte a su intención golpista a la corte, Netanyahu metió a su país en una guerra que lo está desacreditando como nunca ante la comunidad internacional.
Y López Obrador ha impuesto tres ministras en la corte que, sumadas, representan lo peor de la cortesanía y degradación intelectual y profesional de la corte que jamás se haya visto.
El cuestionamiento a la independencia del Poder Judicial demerita a México ante la comunidad internacional y pone en entredicho su confiabilidad como socio del T-MEC, el principal instrumento de su economía. sin el cual México estaría en una crisis severa.
Es alucinante el paralelismo argumentativo entre Netanyahu y López Obrador, aunque la tradición democrática en Israel es mucho más fuerte que en México, donde las instituciones tambalean bajo la presión de la agresión antidemocrática.
Pero, haciendo memoria, se recuerda a Trump, Bolsonaro, Cristina Fernández, Bukele y Evo Morales argumentando lo mismo, en su momento. El hecho de que todos ellos se han enfrentado sistemáticamente a los jueces en sus países no es una simple coincidencia.
Es el síntoma de un malestar mucho más profundo. Es una expresión de la exasperación de las sociedades cuando los gobiernos electos no resuelven los problemas, y las autoridades organizan rutas para la expresión antidemocrática, y quieren pasar la cuenta a los jueces.
Estamos en tiempos de definiciones esenciales y enfrentando una amenaza autoritaria severa y vigente. La cercanía de esa amenaza se hace patente cuando los gobernantes quieren deshacerse de los límites legales atacando a los jueces.
México enfrenta la intentona de la burocracia política oficialista por imponer un régimen autoritario cívico-militar-narco sui generis, cuyos efectos devastadores significarán la desaparición de la República como la conocemos.
POER RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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