El inicio de año representa la oportunidad para replantear las cosas cuando éstas no han salido del todo bien y en materia de seguridad los indicadores van en ese sentido, ya que la realidad sigue superando al discurso. Si las cosas fueran bien bastaría mantener los mismos esfuerzos en el último tramo de la actual administración y los homicidios dolosos se reducirían en un 50% respecto de 2018, tal como lo ofreció el hoy presidente de la República en su campaña y ratificó en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, es decir pasarían de 36 mil 685 a solo 18 mil 342.
Sin embargo, dicha reducción solo ha sido del 9.2%, al pasar de 36 mil 685 en 2018 a 33 mil 287 en 2022 (su quinto y mejor año) según cifras del INEGI al cierre de 2022 y un estimado del 12.8%, al pasar de 33 mil 737 víctimas de homicidio doloso en 2018 a 29 mil 405 en 2023 de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Gabinete de seguridad.
La disminución registrada cada mes, como la refirió el propio titular del ejecutivo federal el último día de 2023 en Cancún, Quintana Roo (20% en diciembre respecto del mes anterior), son válidas pero su vida útil es muy corta ya que antes del 20 de enero de 2024 tendremos la cifra del SNSP actualizada (aunque no definitiva ya que siempre hay ajustes y correcciones por parte de las Fiscalías de los estados) y solo entonces se podrá confirmar o descartar la reducción anual del 12.8%, pero solo por lo que a ésta fuente se refiere, ya que las cifras definitivas de 2023 del INEGI las conoceremos hasta el 31 de octubre de 2024, cuando este “sexenio” sea historia.
En razón de lo anterior, la reducción del 50% en materia de homicidios dolosos sigue siendo uno de los mayores retos del gobierno federal, por haber asumido como suyo un delito que no es de su competencia sino de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, pero como en la lucha por la presidencia de la República el hoy titular del ejecutivo federal así lo comprometió, tendrá que asumir las consecuencias de no lograrlo y capitalizar su esfuerzo si es que lo consigue.
En el mismo sentido, existen por lo menos otros 3 delitos que sin ser de su competencia tendrá que asumirlos como retos, me refiero a la extorsión (incluido el “cobro de piso”) que se ha incrementado tomando como referencia el primer año completo de la anterior administración (2013) y compararlo con el primero de la actual (2019), mismo comportamiento se registra si se compara el penúltimo del sexenio anterior (2017) con el penúltimo del actual (2023), es decir no hay mucho para donde hacerse, con mayor razón después de lo sucedido en Texcaltitlán, estado de México.
Los dos delitos restantes son violencia familiar y narcomenudeo que registraron un comportamiento similar, es decir aumentan si se comparan los primeros años de ambas gestiones y los penúltimos de las mismas, por lo que representan retos adicionales al homicidio doloso; máxime después de los hechos de Celaya y Salvatierra, Guanajuato, donde el narcomenudeo fue considerado como el móvil detrás los homicidios múltiples. Además el narcomenudeo es considerado delito de competencia recurrente, es decir es atendido por las Fiscalías General de la República y de los estados indistintamente; pese a ello el incremento entre el quinto año del sexenio anterior y el quinto del actual fue del 84%, al pasar de 45 mil 191 en 2017 a 80 mil 60 casos en 2023.
Un último reto es sumar voluntades para disminuir los delitos totales del fuero común, que además de haber aumentado representan el 96% de todos los delitos denunciados en el país, y evitar que los del fuero federal como el tráfico de drogas (fentanilo y cocaína entre ellas), de armas de fuego y de combustibles, que constituyen el 4% restante (equivalente a los denunciados anualmente en el estado de Puebla), sigan contribuyendo en la violencia que por desgracia se ha recrudecido en los últimos años. En síntesis, los retos al igual que los récords, son para superarse y el tiempo se agota para hacerlo; hay que recordar que a esta administración le quedan escasos 9 meses.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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