La semana pasada vimos imágenes de niños uniformados y armados. Los armó y los presentó como parte de sus integrantes la Policía Comunitaria de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín Herrera, Guerrero.
Cinco niñas y 15 niños rindieron protesta ante la dirigencia de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
Los más grandes de estos 20 menores de edad ayudarán a buscar a los cuatro integrantes de una familia que está en calidad de desaparecida desde el 19 de enero, “porque los de 14, 13 y 12 años ya saben disparar”, dice un líder de la policía comunitaria, en un video que circula en redes, y los más chicos realizarán actividades de vigilancia.
Los niños, de acuerdo con versiones periodísticas, están dispuestos a ayudar para que haya seguridad en su pueblo.
“El gobierno no nos ha dado ninguna respuesta de nuestros parientes”, dice un adolescente de 13 años, que porta una escopeta. Agrega que no tiene miedo de unirse a la policía comunitaria, y que estudia sólo cuando tiene tiempo. No puede estudiar más, dice, por la inseguridad. “Ya aprendí a disparar y algunas posiciones, y también a enfrentar a los delincuentes. Tengo un arma y con ella voy a buscar a mis familiares desaparecidos.” (La Jornada, página 26, 25 de enero, 2024)
En la misma nota, firmada por Sergio Ocampo Arista, Luis Morales Rojas, miembro del Consejo Tradicional del Gobierno Náhuatl, recuerda que el adiestramiento de los menores de edad comenzó en 2019, y añade una frase que va directo al corazón de nuestro tiempo: “El gobierno nos ha dicho que es un delito, porque se violan los derechos de la infancia, pero ¿qué nos dice de la delincuencia organizada, que tiene halcones de 12 y 13 años que vigilan a la población y nos perjudican?”
Aquí está una de las expresiones más dolorosas de las muchas que genera la presencia y operación del crimen: la paradoja de que acciones de armas, violencia y defensa involucren a niñas, niños y adolescentes en una batalla que no es y no tendría que ser de ellos.
La organización Reinserta, dedicada a ayudar a niñas y niños marcados por la violencia, ha calculado en 31 mil los menores de edad reclutados por la delincuencia organizada, en tanto que la red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) estima que son entre 30 mil y 40 mil las víctimas, a las que sujetos sin escrúpulos obligan a ejercer de victimarios.
Redim ha identificado al menos 22 tipos de delitos que se ven forzados a cometer estos niños y adolescentes, como tráfico de drogas, secuestro, trata de personas, corrupción, piratería. Arrebatados de su destino y trasladados a una circunstancia que les es ajena, tienen que ser mensajeros, cocineros, espías, traficantes, combatientes, sicarios… Inimaginable infierno.
Cierra el círculo la necesidad, que algunos creen indispensable, de armar a niños para enfrentar a los criminales. Al menos aquí hay una causa, pero no deja de ser, se vea como se le vea, una solución trágica.
POR MAURICIO FARAH
@MFARAHG
ESPECIALISTA EN DERECHOS HUMANOS
PAL