México atraviesa por una crisis de violencia e inseguridad desde hace veinte años. Según las cifras del INEGI, en 1997 empezó un ligero descenso en el número de homicidios, gradual pero sostenido, que llegó hasta 2004, con 9321 homicidios.
Sin embargo, a partir de 2005, INEGI registra un repunte, con 9921 homicidios. Con excepción de 2007, año en que se registró un descenso a 8867 muertes, el número de homicidios empezó a elevarse hasta alcanzar 25967 en 2012.
Nuevamente, se registró un descenso en los años de 2013 a 2015, con alrededor de 20 mil muertes por año. Pero, a partir de 2016, los homicidios se incrementaron significativamente hasta alcanzar 36773 en 2020. A partir de 2021 se registra una nueva tendencia sostenida a la baja, con 15082 homicidios en el primer semestre de 2023.
https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=
Nuestra terrible violencia está estrechamente ligada al fortalecimiento y expansión del crimen organizado en nuestro territorio. Las principales organizaciones criminales se dedican no sólo al narcotráfico, sino a todo tipo de actividades ilegales, incluyendo el secuestro, la extorsión, el cobro de “derecho de piso”, trata de personas, tráfico de migrantes y lavado de dinero. Hay evidencia de su control de gobiernos locales. El crimen organizado es la mayor amenaza a la estabilidad nacional y el futuro del país.
El fortalecimiento de las organizaciones criminales en México tiene origen en nuestro país, es nuestro problema, y solamente nosotros podremos derrotarlo. Pero ese empoderamiento se explica, en parte, por nuestra situación geográfica, porque somos vecinos del principal proveedor de las armas que utilizan las organizaciones criminales, especialmente las llamadas “armas de asalto” con las cuales superan en capacidad de fuego a cualquier policía local y estatal.
Solamente se les puede enfrentar con un cuerpo de policía federal, como la Guardia Nacional, y el propio Ejército. México tiene derecho a esperar cooperación de Estados Unidos.
Desde hace décadas, nuestra vecindad con Estados Unidos ha hecho necesaria la cooperación bilateral para tratar de reducir el narcotráfico y enfrentar al crimen organizado. Comprensiblemente, en los últimos años la prioridad de los estadounidenses ha sido la de erradicar el mortal fentanilo, así como la captura y extradición de los criminales mexicanos. Sin duda, México está obligado a cooperar.
La prioridad mexicana ha estado, desde hace muchos años, en tratar de detener el flujo constante de armas procedentes de Estados Unidos. Se han establecido diversos mecanismos de cooperación bilateral para el intercambio de información e investigaciones criminales. Aunque las agencias estadounidenses han cooperado con sucesivos gobiernos mexicanos en el rastreo de armas que se trafican hacia nuestro territorio, su Constitución, y las leyes federales, estatales y locales que regulan el comercio de armas son las más permisivas del mundo.
Desde 2005, cuando el Congreso de Estados Unidos puso fin al embargo de producción y venta de armas de asalto, que se había impuesto desde 1995, algunas de sus empresas productoras y distribuidoras de ese tipo de armas han aprovechado la situación para explotar el mercado que representan las organizaciones criminales mexicanas. Esa es la razón de que, a lo largo de la frontera común, del lado de estadounidense, existan miles de armerías. Abastecen a los criminales mexicanos.
El tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos es una de las razones, aunque no la única, del incremento de nuestros altos niveles de homicidios, a partir de 2005. Sucesivos gobiernos mexicanos han llevado el tema a los organismos internacionales, para tratar de reducir a su mínima expresión el tráfico ilícito de armas.
México ha sido el principal impulsor de las convenciones de la OEA y la ONU para reprimir este tráfico, con algunos resultados valiosos, como es poner el tema en la agenda internacional, pero limitados en su alcance práctico.
Por esa razón, la demanda que interpuso la Secretaría de Relaciones Exteriores contra once empresas estadounidenses productoras y comercializadoras de armas, en la Corte de Massachussets en 2021, acusándolas de promover de forma irresponsable la venta de armas a las organizaciones criminales mexicanas, es una acción que merece reconocimiento.
Un Juez de Distrito había desechado la demanda mexicana, amparado en la “Ley de Protección al Comercio Legal de Armas” aprobada por el Congreso de ese país en 2005, que impide que dichas empresas puedan ser objeto de cierto tipo de demandas. México apeló esa injusta decisión, y hace unos días, en un fallo que pasará a la historia, la Corte de Apelaciones consideró que la demanda mexicana era legítima, y que la mencionada ley no era aplicable en este caso.
Desechó la sentencia del Juez de Distrito, y le ordenó que admitiera la demanda. Finalmente, habrá un juicio. Imposible anticipar su posible resultado. Pero será la primera ocasión en que esas empresas deban responder, ante las autoridades de su propio país, por conductas irresponsables que han contribuido a agravar nuestra deteriorada situación de violencia e inseguridad. Es un legítimo reclamo.
*MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO ES PROFESOR EN EL TEC DE
MONTERREY
@miguelrcabanas
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