Escucho con sorpresa las palabras de Rosario Piedra, presidenta de la CNDH, al proclamar que “en este tiempo de definiciones” el organismo autónomo a su cargo está con la Cuarta Transformación. Igual sorpresa se hubiera producido en mí si en tiempos de gobiernos priiistas o panistas el titular de esa institución hubiera dicho que apoyaba al partido en el gobierno. Esta declaración se produjo al rendir su informe de labores ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace unos cuantos días. Desconcertante de menos.
Lo dicho por Piedra contradice la esencia de la Institución. Justo la CNDH nace en 1990 para promover y vigilar a las instituciones gubernamentales para que cumplan con sus obligaciones de defender y respetar los derechos humanos. Entonces, me pregunto: ¿se puede ser juez y parte? Una institución cuya dirigencia se ostenta como “de acuerdo” con el partido oficial ¿puede tener la ética, solvencia y objetividad para cumplir con sus propósitos en caso de existir abuso de poder por parte de la autoridad? Ante tal realidad, ¿quién vendrá a defendernos?
De acuerdo a sus obligaciones específicas, la CNDH debe atender, dar seguimiento, velar y vigilar quejas relacionadas con atención médica, incapacidad del Estado para proporcionar medicamentos, negligencias médicas, inseguridad o falta de medidas de protección para los ciudadanos. No solo eso, este organismo autónomo —palabra no muy popular en estos tiempos— debe brindar apoyo jurídico a las víctimas y ofendidos por abusos de poder o presuntas violaciones por parte de la autoridad a los derechos humanos de todas y todos los mexicanos.
Esta institución, comandada por la Sra. Piedra, debe defender (entre otros) los derechos humanos de niñas y niños, a las victimas de la trata de personas; los agravios y ataques a periodistas y por supuesto la desaparición de personas. Más aún, debe cuidar que se respeten los derechos de los migrantes y refugiados; combatir la discriminación y defender los derechos humanos de adultos mayores y comunidades indígenas. La realidad nos muestra que la dificultad implícita en estas tareas requiere de un liderazgo independiente, autónomo (por supuesto) para poder ser cumplidas.
Resulta evidente que no puede haber ideología, simpatía o acercamiento con ninguna fuerza, autoridad o partido en el gobierno que limite o impida cumplir con estas obligaciones, precisamente definidas por la ley, para defender los derechos humanos de toda la ciudadanía.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, nace justo para evitar que se sigan cometiendo brutalidades como las que se sucedieron durante este conflicto. El espíritu de esta declaración de 1946 era (y es) garantizar los derechos humanos de todas las personas en cualquier momento y en cualquier parte del mundo.
En el siglo XXI los gobiernos están muy lejos de cumplir con estos objetivos y México no es la excepción. El respeto a los derechos humanos hay que exigirlo, hay que luchar por ello día tras día. Bastante complicado está todo, no necesitamos más piedras en el camino.
POR TERE VALE
COLABORADORA
@TEREVALEMX
PAL