“No son noticias y constituyen una franca violación a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos personales”.
Las noticias falsas o “fake news” representan la divulgación de información inexacta, errónea e incompleta, bajo la premisa de la difusión de un hecho noticioso. Aunque, en verdad lo que se busca es la desinformación, para así cambiar la percepción de la realidad en el electorado.
Esta epidemia de desinformación se ha multiplicado gracias a que vivimos en un mundo digitalizado y globalizado, dónde la información se desplaza de forma inmediata a una velocidad inimaginable. La importancia de voltear a ver este tipo de fenómeno radica en que las “fake news” no son noticias y constituyen una franca violación a la libertad de expresión, al derecho a la información y a los derechos personales como la honra, la vida privada y la imagen.
De cara a las próximas elecciones, con la proliferación de las “fake news” lo que se pretende cambiar es el escenario político al alterar las preferencias electorales de los votantes. Tal y como se vivió en 2016, con el escándalo de Cambridge Analytica y la campaña de Donald Trump.
Será hasta el próximo 2 de junio, que en el Internet y las redes sociales nos enfrentaremos a la manipulación de las encuestas, a la inteligencia artificial mediante “bots” automatizados, a los perfiles falsos, a los algoritmos diseñados para ampliar la desinformación y a la violencia digital. No obstante, debemos evitar que la posverdad y dicha violencia logren crear un sesgo en la información que circula en la red.
Ante la falta de una legislación para regular esta clase de conductas e impedir una mayor polarización y radicalización de la sociedad debemos: consultar y verificar las fuentes de información; propiciar la educación digital; usar el sentido común; desarrollar el pensamiento crítico; reportar la desinformación; y evitar dejarse llevar por las emociones. Asimismo, esta claro que la censura, los bloqueos y la violencia para restringir la información y ejercer el control sobre lo que leen los electores son injustificables.
A su vez, la buena voluntad del INE es insuficiente. En estas elecciones la ciudadanía y los jueces serán los responsables de garantizar la democracia. Empero, los servidores públicos y los candidatos deberán fomentar la transparencia y ser conscientes de que gozan de un derecho a la privacidad menor al de cualquier ciudadano.
En principio, no deberían bloquear o desactivar los comentarios de los usuarios en su cuenta, de acuerdo a los criterios judiciales de la materia. De ahí, que un ciudadano se amparó recientemente en contra de la ministra Lenia Batres, por desactivar los comentarios de éste en su cuenta de la red social X.
Esta nueva realidad significa que los ciudadanos nos pronunciemos frente a los actos que vulneren nuestros derechos electorales en la red. Pero, también implica, que el gobierno emita cuanto antes una legislación en dónde a la par de las plataformas resulte responsable en el respeto y salvaguarda de los derechos a la información y la democracia en el ciberespacio.
POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI
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