Hace pocos días el Foro Económico Mundial de Davos, realizó una nueva versión de su encuentro internacional. En esta ocasión, personajes de la política internacional, así como, líderes en diferentes sectores productivos del planeta, se dieron cita para conversar y analizar los temas económicos de mayor relevancia en el mundo, tales como, los efectos globales en las cadenas productivas en la etapa post-pandemia, los efectos bursátiles ocasionados por el conflicto entre Rusia y Ucrania o las tendencias a la contracción y el proteccionismo que muchos grupos económicos en el globo terráqueo deliberadamente han decidido implementar.
Sin embargo, a pesar de que dicho encuentro estaba basado en el estudio de los tópicos anteriormente descritos, múltiples temas, de tipo coyuntural y estructural fueron referidos en el escenario mediático, uno de estos, causó demasiado interés: la desigualdad a nivel planetario es ya, la principal causa de crisis estructural en la economía mundial.
Pero, quizás lo que más ha llamado la atención en este sentido, fue que 260 millonarios y multimillonarios decidieron enviar un poderoso mensaje al resto de sus pares: “La verdadera medida de una sociedad puede encontrarse, no sólo en cómo trata a sus más vulnerables, sino en lo que les pide a sus miembros más ricos”.
A través de una carta abierta titulada “Proud to Pay”, (orgullosos de pagar) y firmada por diversos personajes adinerados de 17 países, como: Abigail Disney, heredera de Disney, y Valerie Rockefeller, heredera de una de las dinastías más poderosas en Estados Unidos, destacaron que la desigualdad, ha llegado a un punto de inflexión y se necesita actuar ahora.
“Nuestra petición es simple: les pedimos que nos cobren impuestos a nosotros, los más ricos de la sociedad. Esto no alterará fundamentalmente nuestro nivel de vida, ni privará a nuestros niños, ni dañará el crecimiento económico de nuestras naciones, pero convertirá la riqueza privada extrema e improductiva en una inversión para nuestro futuro democrático común”.
Paradójicamente, hasta ahora, ningún personaje de este segmento económico en México se ha unido a esta propuesta. Y es que, en este país, el pasado 18 de enero del año en curso, 20 organizaciones se unieron desde México, a una protesta global para exigir un impuesto a la riqueza, que no existan los paraísos fiscales, que se cancele la deuda externa y que se destine más presupuesto nacional para servicios públicos.
Dichas manifestaciones suceden en el contexto de informes como el de OXFAM México, que ha abordado el tema desde hace muchos años y por supuesto, las propuestas que han realizado organizaciones como Fundar y Alianza contra la Desigualdad México, la cuáles consisten en sustituir la exención actual —equivalente a todos los bienes heredados— por un límite libre de 8 millones de pesos, lo que sólo impactaría al 1 por ciento de la población más rica de esta nación.
Esta modificación implementaría un gravamen directamente a las propiedades e insumos heredados del segmento más alto de la pirámide poblacional de la sociedad mexicana y abriría un procedente histórico al establecimiento de mecanismos de redistribución de riqueza efectivos, como los que ya se han llevado a cabo en otros países.
A su vez, en junio del año pasado, por ejemplo, algunos diputados suscribieron una iniciativa para reformar el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el término progresividad tributaria, que consiste en un reparto equitativo de las cargas tributarias para que los grandes contribuyentes paguen conforme a sus niveles de renta. Es decir, que pague más quien más gana o tiene.
La iniciativa del grupo de diputados se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales y aún no hay fecha para su discusión.
De acuerdo con la información tributaria en el país, multimillonarios mexicanos como Carlos Slim Helú, Ricardo Salinas Pliego o Germán Larrea Mota Velasco, pagan de impuestos menos del 35 por ciento de sus ganancias, pero los ricos de otros países gravan porcentajes más elevados: Nueva Zelanda (36 por ciento), Senegal (40 por ciento); Reino Unido, Sudáfrica, Alemania, Japón (45 por ciento); España (47 por ciento) y Francia (49 por ciento).
Ahora bien, otro dato a considerar es que, en la actualidad, si bien algunos ricos mexicanos pagan impuestos por sus ganancias, como cualquier otro ciudadano, no lo hacen por su riqueza, es decir, por las herencias con las que cuentan y que, gracias a ellas, han podido obtener el estatus con el que cuentan.
La propuesta legislativa, por lo tanto, busca que México tenga una progresión fiscal como desde hace muchos años, no la tiene en su marco normativo, en especial el referente a los temas fiscales y tributarios en donde la recaudación económica hacia el gobierno, debe mejorar en aras de establecer mejores niveles de cobranza por parte del gobierno hacia sus ciudadanos; pero además, para que la administración pública, cuente con los recursos suficientes-además de otras medidas- para que poder asegurar el sostenimiento de un modelo de bienestar y asistencia social como el que se desea establecer.
Para que esta situación sea redituable, se requiere hacer modificaciones sustanciales a los mecanismos de captación de recursos y por supuesto, a los componentes de redistribución de los ingresos en el interior de la sociedad nacional con la finalidad de poder consolidar una sociedad más justa, incluyente y por supuesto, participativa.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
EEZ