El actual presidente cierra su sexenio como lo inició, amagando con afectar derechos y extinguir instituciones que costaron años de lucha democrática e incluso episodios de persecución violenta.
Ahora pretende eliminar órganos constitucionalmente autónomos (OCAA), creados a lo largo de las últimas décadas con objetivo principal de desarrollar determinadas tareas de naturaleza técnica, con alto grado de especialización, dentro del contexto de la maduración de la transición democrática de nuestro país.
El argumento que se utiliza para sustentar su desaparición no puede ser más falaz: la generación de supuestos ahorros para realizar transferencias presupuestales que permitan el financiamiento de esquemas de pensiones para la población.
Consideramos que en primer lugar, el anuncio unilateral del presidente, pasa por alto la necesidad de realizar una evaluación general del desempeño de su administración de manera seria y objetiva, incluyendo con visión de estado, los aportes y pendientes que para el avance del país han tenido los diversos OCAA, así como el grado de maduración en las áreas sustantivas respectivas y las brechas que enfrentamos como sociedad.
Ejemplos de las necesidades de evaluación democrática surgen cotidianamente, con la labor de entidades nacionales y extranjeras que miden el desempeño del país. Un ejemplo de lo anterior es la publicación del Índice de Progreso Social de la organización civil Social Progress Imperative, reseñado por Víctor Osorio en el periódico Reforma.
Donde se destaca que México se encuentra reprobado en los diferentes rubros de progreso social como son seguridad, salud, derechos, calidad ambiental, educación.
Otro estudio, del Baker Institute, señala los riesgos para el país, subrayando la existencia de posibles nexos entre el partido oficial, MORENA, con el crimen organizado y cómo esta alianza podría influir en la elección del 2024. Igualmente se destaca en dicho estudio el deterioro que ha sufrido el área de seguridad y justicia durante el actual gobierno.
Los citados documentos sirven para sustentar la necesidad de que esta administración tome en serio su responsabilidad por cuanto a las omisiones, ocurrencia y fallas en la conducción del país.
Lo anterior debe incluirse en un análisis en que se midan, en contraste con los pésimos resultados del equipo encabezado por el ejecutivo, los indispensables aportes de los OCAA, en el desarrollo de sus tareas específicas.
La creación de cada OCAA respondió en su momento a la necesidad de contar con instituciones independientes de la administración pública federal, aplicando el grado máximo de descentralización dentro del derecho administrativo mexicano. Uno de los ejemplos paradigmáticos fue la conformación del Banco de México y su separación absoluta del gobierno.
La razón que sustentó dicha determinación fue que el manejo de la política monetaria del país por parte de la administración central había generado diversas crisis por anteponer criterios políticos en temas en que se deberían aplicar principios técnicos y políticamente neutrales.
La autonomía del Instituto Nacional Electoral fue un imperativo categórico plasmado en la Constitución a efecto de garantizar procesos electorales imparciales y organizados por la ciudadanía.
El trago amargo de la elección fraudulenta de 1988, operada por Manuel Bartlett desde la Secretaría de Gobernación fue la última experiencia fraudulenta en elecciones federales merced a la garantía de autonomía de la autoridad comicial.
Es importante señalar que al defender el régimen autonómico de todas las autoridades que tienen ese estatuto, no implica dejar de exigir rendición de cuentas o de reclamar resultados. Por ejemplo, hoy tenemos una Fiscalía General de la República cuyo desempeño autónomo más bien parece pretexto para “mandarse sola”, y de olvidarse de transparentar efectivamente su actuación y de someterse a los controles democráticos a los que deben someterse todas las entidades públicas.
Antes que ceder en la inopinada reyerta a la que convoca la rijosa iniciativa para desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, o los que se le ocurran, primero tenemos que avanzar en una agenda de FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SUSTANTIVOS de los ciudadanos en las distintas materias del orden público que en estos cinco años han sido erosionados por un ejercicio abusivo y autoritario del poder.
Por lo que respecta al supuesto ahorro que supone la existencia de dichos órganos, es posible afirmar que esa es una mentira más que emana de la tropical imaginación del titular del Ejecutivo.
El supuesto argumento del ahorro ha sido desestimado por propios y extraños. Jesús Carrillo, del Instituto para la Competitividad (IMCO) dijo que esa propuesta es meramente política ya que los autónomos gastan una parte minúscula del presupuesto federal.
Como se puede advertir, la eliminación de estos organismos, tal como lo propone el presidente, refleja un desprecio flagrante hacia la democracia, la eficacia en las funciones de estado y la conformación de un servicio profesional de carrera especializado.
Como diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, no podemos sino oponernos de manera tajante a esta amenaza al régimen de libertades y derechos de los mexicanos, a las instituciones de la república y al equilibrio de poderes que tanto nos ha costado construir.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN Y PRESIDENTE DE LA JUCOPO
@JORGEROHE
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