En uno de sus anuncios acostumbrados, siempre aprovechándose del foro y del periodismo lacayo, el Presidente nos avisó lo que ya sabíamos. Lo que su narcisismo y embriaguez de poder le exige. Un poder dictatorial sin contrapesos, con promesas falsas, anuncios populistas como su farmacia y la austeridad republicana.
Así quiere su país, uno sin personas, grupos u órganos que se opongan a sus deseos, para no tener que negociar para llegar a acuerdos.
Su intención de desaparecer todos los organismos autónomos del país; con argumentos infantiloides, populistas; sin la menor justificación económica viable y verosímil. Su comunicación va dirigida a los sectores más ignorantes de México; su clientela. Les argumenta que estos órganos sólo sirven a intereses particulares.
Sí, en efecto sirven a intereses particulares o sea de los ciudadanos, frente a los intereses y decisiones del gobierno en turno. Sí, sirven a los ciudadanos como en cualquier democracia. La iniciativa, que se presentará el próximo 5 de febrero como parte de un paquete de reformas constitucionales, ya metió a la oposición en el cuadrilátero.
La oposición no debe meterse en esos debates estériles donde siempre los ha mantenido reactivos, sin la menor oportunidad de ser ellos quienes impongan la narrativa, quiere situarlos en el punto polarizado de “no me dejaron aumentar y pagar las pensiones, quieren mantener sus privilegios”. Victimizarse como siempre lo ha hecho. Ojalá la oposición no vuelva a caer en el juego.
El simple cuestionamiento de la existencia de contrapesos necesarios para garantizar la transparencia, acceso a la información pública y regulación de actividades económicas es absurdo.
Es tan absurdo como defender la enfermedad frente a la salud. Es como cuestionarnos si en una democracia se vote por los gobiernos dependiendo a qué intereses responden; si particulares o públicos. Los particulares somos nosotros.
Entre los organismos que pretende desaparecer el Presidente se encuentran la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
López Obrador justifica su propuesta afirmando que estos organismos fueron creados para proteger intereses privados en detrimento del interés público. ¿El interés público? ¿El tren Maya? ¿El AIFA? ¿La escasez de medicinas no es en detrimento del interés público?
¿Las pérdidas de Pemex y los recursos públicos que se usan para mantener a ese elefante blanco son intereses particulares? Todos sus proyectos faraónicos protegen sus intereses privados, pero con dinero público.
Sin embargo, sus declaraciones interesadas pasan por alto la función crucial que desempeñan estos entes autónomos en la garantía de contrapesos y en la protección de derechos fundamentales, simplemente quiere dar más poder al gobierno del que tiene sin tener que transparentar la gestión y sin tener que rendir cuentas.
El INAI, por ejemplo, es esencial para asegurar que cualquier autoridad, ya sea en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, cumpla con la entrega de información pública solicitada por los ciudadanos. Su desaparición generaría un retroceso en términos de transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, el IFT regula los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, mientras que la Cofece se encarga de vigilar, promover y garantizar la competencia en la economía. La CRE, por su parte, tiene como objetivo promover la competencia y proteger los intereses de los usuarios en el sector energético. Estos organismos desempeñan funciones esenciales para evitar abusos y mantener un equilibrio en el ejercicio del poder.
La crítica del presidente hacia la Cofece, acusándola de ser una “farsa”, ataca la autonomía e imparcialidad de estos organismos. Sin embargo, su propuesta absurda de eliminarlos tendrá consecuencias graves para la competencia económica y la protección de los derechos de los consumidores, otro retroceso de cuando menos cincuenta años en el desarrollo económico del país.
Jugando el juego que el Presidente les ha impuesto durante cinco años, los diputados de oposición han rechazado de manera contundente las iniciativas de reforma constitucional propuestas por el Ejecutivo. Advierten que la desaparición de órganos autónomos no solo carece de sentido, sino que podría interpretarse como un intento de concentrar el poder de manera desmedida.
La posibilidad de un “golpe de Estado constitucional” no puede ser ignorada, según señaló el diputado Moreira. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, reconoce la falta de claridad sobre qué organismos autónomos serían desaparecidos.
Sin embargo, el hecho de que el Presidente haya expresado su insistencia en desmantelar el INAI, considerado por él como inoperante, plantea dudas sobre la verdadera intención detrás de esta arremetida contra los contrapesos institucionales.
La propuesta de AMLO de eliminar organismos autónomos que desempeñan un papel vital en nuestra débil y corrupta democracia, basada en la afirmación de que con lo que cuesta el INAI se podrían pagar más pensiones, resulta ser falsa. Además, al no tener claridad ni transparencia sobre cómo se gastan los recursos públicos, la realidad es que este ahorro sería sólo marginal.
Como señala Carlos Elizondo: “Marginal frente a lo que se podría haber obtenido para ese fin si se hubieran gastado solo los 156 mil millones de pesos originalmente presupuestados para el Tren Maya, y no los 500 mil millones hasta ahora desembolsados”.
Esta propuesta, además de ser falsa, representa un ataque frontal al equilibrio de poderes que mantiene un balance en la vida pública de México.
Sin lugar a dudas, representa un riesgo significativo para la estabilidad institucional y la protección de los derechos ciudadanos.
Aunque es cierto que esta propuesta resulta muy popular y electorera, la sociedad mexicana está obligada moral, ética y políticamente, incluidos los seguidores del presidente y su movimiento, a detener cualquier intento de concentración de poder que pueda amenazar los principios fundamentales de un Estado democrático.
Además, es imperativo evaluar la diferencia entre esa generosidad con el dinero ajeno en proporción al riesgo inminente de una futura crisis fiscal.
JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@jose_lafontaine
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