La iniciativa del presidente López Obrador para eliminar los órganos constitucionales autónomos no será aprobada en lo que queda de esta legislatura. Requiere el voto favorable de al menos dos terceras partes del Congreso y la oposición ya anunció su rechazo. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre la naturaleza de estos entes públicos, así como la función que desempeñan en el régimen político de nuestro país.
Los órganos constitucionales autónomos son entidades estatales que operan con independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se encargan de ámbitos muy concretos del poder político y económico, como puede ser la política monetaria (el Banco de México), las elecciones (el INE), la defensa y promoción de los derechos humanos (la CNDH), la transparencia y el acceso a la información (el INAI) o la competencia económica (la Cofece), entre muchos otros.
En perspectiva comparada, México es quizá uno de los países que tienen más órganos de este tipo. Esto tiene una clara explicación histórica. Hay que recordar que durante la mayor parte del siglo pasado tuvimos un sistema político hiperpresidencialista, en donde el Ejecutivo imperaba sobre todos los demás. Los espacios de poder del presidente de la República iban más allá de lo que establecía la ley fundamental, lo que juristas destacados como Jorge Carpizo denominaron las “facultades metaconstitucionales”.
Gran parte de los esfuerzos opositores durante el proceso de transición a la democracia consistieron en despojar al Ejecutivo de facultades que, por su propia naturaleza, debían ser ejercidas por agencias independientes. Quizá el mejor ejemplo de esto sea la autoridad electoral, que antes era desempeñada por la Secretaría de Gobernación y después recayó en el Instituto Federal Electoral (el actual INE). En este propósito, los órganos autónomos han desempeñado una tarea de contrapeso al poder ejecutivo.
Por otro lado, los órganos constitucionales autónomos asumen funciones técnicas que requieren una especialización importante, como es el caso de las telecomunicaciones (el IFT) o la regulación del sector energético (la CRE).
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy hostil hacia los órganos autónomos. Ha aplicado frente a ellos una triple estrategia: buscar su desaparición, intentar su colonización y cooptación, o fomentar su debilitamiento presupuestal.
Los órganos constitucionales autónomos han sido fundamentales para la democracia mexicana, al garantizar el ejercicio de muchos derechos y profesionalizar y la administración pública. Hoy toca defenderlos frente a quienes quieren regresar a los tiempos en los que todo el poder estaba concentrado en unas pocas manos.
POR FERNANDO RODRÍGUEZ DOVAL
POLITÓLOGO
@FERDOVAL
PAL