Es necesario decirlo, para que quede claro. Los OCA NO han sido creados como contrapeso del gobierno, aunque así —con ese papel de onerosos villanos— los dibuje López Obrador (y eso piensen no pocos de sus corifeos, así como también, desafortunadamente, de sus opositores). Esa es una equivocación brutal. El presidente se ha ido con esta narrativa, que si bien es más simple, es mentirosa y engañosa.
Y aunque la propuesta del primer mandatario para desaparecer los OCA —y trasladar sus presupuestos al Poder Ejecutivo federal— legislativamente no pasará (al menos no por ahora), es menester que sepamos diferenciar las cosas y poner los acentos sobre las íes para, en la medida de lo posible, evitar ser manipulados.
Veamos. La razón de ser de estas entidades autónomas es la siguiente: la especialización, la capacidad de gestión y la relativa facilidad de acción (ciertamente ser mucho más ágiles que el elefante reumático al que solemos referirnos como la burocracia federal). Sí, los verdaderos motivos de la existencia de estas raras estructuras no radica en hacerle la vida difícil al mandatario en turno (aunque en ocasiones pueda derivar en eso), sino en actuar de forma mucho más informada, circunscrita, certera, constante y transparente que las secretarías de Estado.
Para hacerlo, en ocasiones debe mediar entre las dependencias del gobierno y los actores que participan y se desenvuelven en cada una de las industrias nacionales (e internacionales) —¡y viceversa!—. Y siempre, siempre, siempre en aras de maximizar el beneficio de la ciudadanía.
¿Qué suelen evitar a toda costa los órganos constitucionales autónomos (y de qué es lo que el gobierno, dada su naturaleza, complejidad y extensión, usualmente no puede sustraerse)? De ser capturados.
En cualquier industria que se trate (energía, telecomunicaciones, resultados estadísticos poblacionales, electoral, competencia económica, rendición de cuentas, procuración de justicia, etcétera), los miembros de los cuerpos directivos de estos órganos, gracias a la pluralidad de sus plenos, evitan a toda costa ser capturados por los participantes de los distintos mercados económicos, sociales y políticos y, sí, también gubernamentales.
Espero se comience a entender que los OCA no son contrapeso al presidente; tienen una función aún más importante y delicada: son vigilantes de los derechos de los ciudadanos en casi cualquier esfera nacional donde convivan y se contrapongan dos o más partes. Derechos que se pueden ver violentados ante la presencia de monopolios, del poder del mercado, de la opacidad informativa, de un uso indiscriminado de datos personales, de sobreprecios, del poder gubernamental y de gestión, entre muchos otros.
Y cuando el fin último es salvaguardar los intereses de los ciudadanos, incluso frente al poder que detenta el mismísimo titular del Ejecutivo federal, es lógico que estos órganos requieran plena autonomía. Autonomía y suficiencia normativa y económica, pero también operativa.
La autonomía de los OCA es vital pues deben poder preguntar con libertad a cualquier actor sobre sus acciones (qué compra, por qué, a quién, cuándo y cómo) y al respecto de sus planificaciones, estrategias, programas, gestiones.
Como consecuencia, su función (nuevamente, a diferencia de las dependencias gubernamentales) es atemporal. En otras palabras, no va ligada al régimen gubernamental en turno. En cualquier momento requieren poder transparentar lo que ocurre con los distintos actores involucrados en cualquier industria. Desde los factores que llevan a ciertos precios para la inter conectividad en nuestros celulares, hasta las condiciones de las licitaciones o adjudicaciones que le ha otorgado alguna dependencia gubernamental a un particular o entidad privada.
Los “mercados” económicos, políticos y sociales del siglo XXI exigen la presencia de órganos que cumplan con las características y con las funciones antes descritas (muy particularmente la certidumbre y la rapidez de respuesta). Eliminarlos equivale tanto o más como desaparecer a México del ámbito internacional, pero también de su propio accionar interno en cualquier ámbito (monetario, ministerial, procesal, de movilidad física, comercial, etcétera).
En México, frente a la 4t y su segundo piso, la disyuntiva es mucho más compleja que elegir entre democracia y autoritarismo. El asunto de los OCA deja ver otra arista: el obradorismo insiste en la afirmación de que el poder de gestión de cualquier ámbito de la vida nacional debe estar absolutamente concentrado para que el Estado sea eficaz y más responsivo ante su población. La realidad mundial va en sentido contrario, tanto en la forma como en el fondo.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
COLABORADORA
PAL