Desde que tengo uso de razón, queridos lectores (fecha que varía dependiendo de a quien le pregunten), el de la libertad de expresión en México es un tema recurrente.
Crecí y viví en los tiempos en que el gobierno tenía literalmente el monopolio del papel periódico, con lo cual podía literalmente ahorcar al medio impreso que quisiera cerrándole la llave del suministro; en que los noticieros de radio y TV seguían fielmente el guión dictado desde la entonces omnipotente Secretaría de Gobernación y en que acontecimientos tan relevantes y dramáticos como la matanza de Tlatelolco podían borrarse de un autoritario plumazo.
Con el paso de los años, los mecanismos de presión o de censura se fueron volviendo menos burdos, aunque no faltaban estrategas de comunicación que creían que comprando el tiraje entero de una revista o periódico se podía evitar que el público se enterara de su contenido.
Vi también las presiones que llevaron a la cárcel a periodistas, a la quiebra o al repentino cambio de propietarios a publicaciones que marcaron época, como el Excélsior de Julio Scherer o el UnoMasUno de Manuel Becerra Acosta, o el boicot publicitario contra Proceso.
Del “no pago para que me peguen” de López Portillo al “véndenos tu periódico y vete del país” de sexenios posteriores, hemos visto a los verdaderos comunicadores dar la batalla por las libertades enfrentando acoso, persecución, amenazas, carretadas de dinero o lucrativas oportunidades de negocio.
Algunos sucumbieron, pero muchos más han resistido, incluso cuando la amenaza principal dejó de ser la de un funcionario más o menos poderoso para provenir del inasible puño del crimen organizado. Las muertes de comunicadores y de activistas, antaño atribuibles a gobiernos estatales, municipales o al federal, hoy llevan casi siempre la indeleble marca del narcotráfico y sus aliados.
A raíz de la alternancia ha ido cambiando la relación del poder político con los medios, y las presiones han cambiado de forma pero nunca de intención: promover coberturas favorables y minimizar o acallar las criticas. Ejemplos abundan, si bien es justo reconocer que hay un cambio significativo del estado de cosas en los ‘80s-‘90s al de hoy en día.
Hoy nos preocupa la retórica que desde el poder se lanza contra los medios o comunicadores que el gobierno considera injustos u hostiles a su causa. Si bien no es lo mismo la represión abierta o el uso de la publicidad para premiar o castigar, ni tampoco es comparable lo que sucedía hace veinte años con lo que pasa hoy, lo cierto es que el acoso y el hostigamiento desde las mañaneras genera un clima de temor, incomodidad e incertidumbre entre muchos comunicadores u opinadores.
Sea o no cierto que hoy ya no se dan las viejas llamadas a las redacciones para “orientar” o para quejarse, es innegable el peso de la palabra presidencial cuando se dirige hacia un periodista, conductor o propietario de medios.
Y cuando esa palabra es agresiva, ácida, las repercusiones se dan: menos obvias que antes, pero imposibles de ocultar.
POR GABRIEL GUERRA CASTELLANOS
GGUERRA@GCYA.NET
@GABRIELGUERRAC
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