El jueves pasado concluyeron las precampañas para la elección federal de este año. Las campañas electorales iniciarán el 1º de marzo. El periodo que media entre esas dos fechas es denominado intercampañas.
Esos 42 días están ideados para que se desarrollen los procesos de selección de candidaturas, que la ley exige sean democráticos, y se procesen al interior de los partidos y en tribunales los conflictos que pudieran haber surgido en estos.
También, para que la autoridad electoral fiscalice el uso de recursos que los actores políticos hayan destinado en sus precampañas, y lleve a cabo el registro de las candidaturas. Ello, para que arranquen las campañas con la mayor certeza posible respecto de quiénes serán las personas que estarán en las boletas el 2 de junio.
En esa lógica, es un periodo de supuesto silencio hacia la ciudadanía, dentro de la competencia electoral, por parte de quienes contenderán. No obstante, los partidos políticos y sus precandidaturas pueden informar sobre su ideología y postulados, siempre y cuando no soliciten de manera explícita apoyo o voto en su favor, ni en contra de los de enfrente. Pueden también realizar reuniones privadas con tales fines. Es decir, lo permitido es propaganda partidista genérica, en busca de simpatizantes y militancia, como
se hace fuera de los procesos electorales.
De igual forma, las personas que contenderán pueden dar entrevistas individuales para medios de comunicación, incluso en radio y televisión, pero no aparecer en spots, debates, ni mesas redondas o de análisis político electoral.
Los gobiernos también tienen posibilidad de realizar su denominada propaganda gubernamental, con los límites que la propia Constitución establece, esto es, debe tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y, en ningún caso incluir promoción personalizada de cualquier persona servidora pública.
Dicho lo anterior, hay que resaltar dos aspectos sobre las intercampañas, dado el contexto actual y cómo se ha venido desarrollando el proceso electoral.
Primero, es un largo periodo de claro oscuros, en medio de la contienda, donde la línea entre lo permitido y lo prohibido es muy tenue, de manera que las fuerzas políticas, partidos, candidaturas y servidores públicos, deben ser muy cuidadosos para no cometer actos de campaña. Si lo hacen, hay sanciones, que pueden llegar hasta la negativa o pérdida del registro de la candidatura.
Segundo, en el contexto del actual proceso electoral, en que se adelantaron las contiendas internas con la elección de quienes coordinarían la defensa de la 4T o la construcción del Frente Amplio por México, de donde emanaron las precandidaturas únicas, este periodo intercampañas carece de sentido, de manera que hemos entrado en un juego de simulación, que evidencia un modelo legal obsoleto.
Sí, ¿qué es lo que veremos en los próximos días? Candidaturas de facto tratando de continuar posicionándose ante el electorado, mediante su presencia permanente en medios de comunicación o eventos “privados” y partidistas, dirigidos a sectores clave para la contienda, con un juego del lenguaje -en ocasiones divertido- en sus entrevistas y discursos, haciendo malabares para no caer en las prohibiciones que la ley y las autoridades electorales han establecido.
En una frase, caminando en la cuerda floja. Ello no debe escandalizarnos. Es el propio diseño legal el que lo provoca. Insisto, en mi opinión, es obsoleto, urge revisarlo una vez que termine la elección.
No obstante, la parte más complicada la tienen las autoridades electorales, que una vez más tendrán la difícil labor de estar imponiéndose ante actores políticos que, como buenos mexicanos, permanentemente están buscando cómo esquivar prohibiciones, para seguirse posicionando ante el electorado.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
EEZ