Con deplorable irresponsabilidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sumergida en la división y las malas prácticas, ha dado un golpe severo a un carácter esencial del Instituto Nacional Electoral: la colegialidad de su Consejo General.
Bajo la errática actuación del triunvirato que lo domina, el TEPJF soslayó, mediante la interpretación arbitraria de la Constitución y la ley, que el máximo órgano de dirección del INE es el Consejo General y no su Presidencia, aunque esta la ocupe una mujer talentosa.
Todo esto viene a cuento a propósito de la resolución del Tribunal en el recurso de apelación 388/2023, relativo a los nombramientos pendientes en el INE. El Consejo General, por mayoría, había emitido un acuerdo para acelerar las designaciones, el cual fue impugnado por el PRI, Morena y PT. Ciertamente, el acuerdo contenía algunos excesos que pudieron atenuarse, pero el TEPJF lo modificó y anuló la parte más sustantiva, con lo cual abonó a la discrecionalidad de la presidencia.
La sentencia respectiva fue aprobada el 10 de enero por el triunvirato -Mónica y los Felipes-, con el voto en contra de Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes emitieron un voto particular diametralmente opuesto a la mayoría, al considerar que “el estudio de fondo es equivocado y, por el contrario, debía confirmarse el acuerdo controvertido”.
Mónica Soto, ponente, difundió públicamente el 9 de enero su proyecto de resolución y al día siguiente el Observatorio Ciudadano presentó ante la Sala Superior un amicus curiae (amigos de la corte o del tribunal) al que denominó “Reporte de observaciones y pronunciamiento”, con el fin de que el proyecto fuese reformado sustancialmente.
A juicio del Observatorio, el proyecto adolecía de “diversas incongruencias técnicas y no se ajusta al orden constitucional, legal y reglamentario aplicable”. Añadía que la interpretación solo gramatical y formalista propiciaba hacer disfuncional y prácticamente nugatoria la atribución del Consejo en materia de nombramientos, así como su facultad reglamentaria.
“El sentido y efectos que propone el proyecto de sentencia -señala el documento- conducen a que, en la práctica, se faculte por esta sentencia a la Consejera Presidenta del INE a designar, sin control ni contrapeso alguno cuando no se alcance la mayoría calificada prevista en la Constitución o la ley, a las personas transitoriamente encargadas del despacho de la Secretaría Ejecutiva, de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas”.
Este amicus curiae (https://rb.gy/hkc47e) fue respaldado por notables juristas y académicos como Diego Valadés, Jaime Cárdenas, Jorge Alcocer, María Marván, J. Ramón Cossío, J. de Jesús Orozco, Alejandra Tello y Pedro Salazar. Es decir, pesos pesados en materia electoral.
Pero el sólido y contundente amicus curiae fue ignorado por un triunvirato que sigue galopando en la soberbia que, decía yo en una Omnia anterior, lo ha llevado incluso a desafiar a la Suprema Corte.
Plus Online: Cuando fracasa la negociación
Al margen de la controvertida resolución del TEPJF, el diferendo interno del INE, vinculado a las vacancias directivas, revela una falla mayúscula en el actual Consejo General: la incapacidad para la negociación y el acuerdo.
Hay ahí dos bloques, uno con mayoría de integrantes llegados en 2023 y otro con mayoría de llegados anteriormente. En este último son identificables personas que parecen compartir lo que yo llamo la vocación pontificia -la infalibilidad- de consejeros de ingrata memoria.
Aquellos pensaban que en materia electoral ellos eran los expertos y había una sola forma de hacer bien las cosas: la que ellos postulaban, practicaban e imponían. Respecto de la presidencia del INE, son frecuentes las quejas por la conducta autoritaria de algunos colaboradores cercanos de Guadalupe Taddei.
Ambos bloques comparten, hasta donde es posible percibir, el empecinamiento y la intransigencia. Ambos grupos deberían tener presente que por esa vía se abona la ruta a los tropiezos operativos, a la ineficacia y a las fallas en el proceso electoral.
Ciertamente, aún no hay evidencias de que tales tropiezos y fallas estén ocurriendo, pero - ¡cuidado!- algunos podrían no detectarse sino hasta cuando sus efectos nocivos sean irreversibles o muy costosos en términos de confianza y certidumbre. Y si eso ocurriera, aunque un área fuera la única causante, la responsabilidad y el descrédito serían para todo el cuerpo colegiado. Y no habrá tribunal que lo salve.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
@EDUARDORHUCHIM
MAAZ