Poco le duró al PAN el buen sabor de boca tras ejercer su venganza vil en contra de Ernestina Godoy. Inmediatamente después, el presidente López Obrador le abrió de par en par las puertas de su gobierno. Unas horas más tarde, nuestra precandidata presidencial, la Dra. Claudia Sheinbaum, le ofreció competir por la segunda fórmula para el Senado de la República. Y al día siguiente Mario Delgado confirmaba su participación en la encuesta capitalina.
Como una “victoria pírrica” calificó atinadamente el presidente López Obrador, en su conferencia mañanera del 9 de enero, el rechazo del prianismo capitalino a la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal de la CDMX. Y la verdad es que no podría haber empleado un mejor adjetivo, pues no tuvieron que pasar más de dos días para que el jefe de Gobierno, Martí Batres, asestara otro contundente revés a la oposición al presentar una iniciativa para castigar la corrupción inmobiliaria.
Llevada ante el Congreso de la Ciudad de México el pasado 10 de enero, la propuesta de reforma al Código Penal busca tipificar como delito la corrupción inmobiliaria y sancionar a todo aquel funcionario que permita por acción, omisión o tolerancia, las construcciones que incumplan con los requisitos establecidos por la ley. Propone además que las sanciones sean aplicables no sólo a funcionarios, sino también a la red de familiares, socios y empresarios que resulten involucrados, y establece penas que van de los 10 a los 20 años de cárcel.
El PAN es el principal partido involucrado en el escándalo del cartel inmobiliario de la Benito Juárez, cuyas primeras investigaciones derivaron en la detención de uno de sus ex alcaldes y la acusación de otras 12 personas, entre antiguos funcionarios de la alcaldía, socios y familiares. Venganza o no, lo cierto es que al rechazar la ratificación de Godoy a la oposición no sólo le salió el tiro por la culata; también se dispararon en su propio pie.
Volvieron a ser testigos, en primera fila, de la unidad y la lealtad que caracterizan a nuestro movimiento, y de las cuales les serviría aprender algo para evitar bochornosos capítulos como el que enfrentaron esta misma semana, cuando Marko Cortés, en medio de uno de los berrinches a los que ya nos tiene acostumbrados, hizo público el pacto firmado con el PRI para la repartición de cargos públicos en Coahuila —los ya tristemente célebres papelitos del PRIAN—. Ahora, además, la oposición capitalina tendrá que concentrarse en hacer frente a la inminente reforma de Batres, la cual al menos anticipa que la recta final de la legislatura local puede volverse muy complicada para el PAN y sus aliados.
Por: Óscar Gutiérrez Camacho
Diputado federal por Morena
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