Como resultado de la falta de estrategia de seguridad de esta administración federal, las elecciones de 2021 resultaron las más violentas de la historia moderna. En aquella ocasión, de acuerdo con el seguimiento que hizo la consultora Etellekt, fueron asesinados 102 personajes políticos, 36 de ellos aspirantes o candidatos a puestos de elección popular. Las agresiones no solamente derivaron en privación de la vida, se registraron agresiones físicas, amenazas, secuestros, extorsiones, robos, persecuciones … Dichos atentados también incluyeron a servidores públicos del Instituto Nacional Electoral.
Una nota muy preocupante de dicha elección es que 75% de las víctimas de violencia eran opositores a los partidos en el gobierno.
Ante ese desastre, el Presidente puso el “aldabonazo” con una inusitada y y reveladora declaración, en la que felicitaba a la delincuencia organizada por haberse portado “muy bien.” Y cómo no habría de haberlos felicitado, si derivado de diversos análisis, se concluye que, efectivamente, Morena, su partido, resultó beneficiario al obtener triunfos electorales, tanto en el corredor del Pacífico como en el centro del país.
Frente a lo que será el proceso electoral más grande de la historia de México, de manera ingenua, uno hubiese esperado que el gobierno ya había asimilado la lección y habría emprendido acciones ante las evidencias de que se tendrá un escenario retador en materia de violencia e inseguridad. Sin embargo, ante la realidad, vemos que no ha sido así.
En los albores de la contienda ya se han empezado a vivir agresiones a liderazgos políticos en diversos puntos del país. Lamentamos los homicidios de Ricardo Taja Ramírez, exaspirante a la alcaldía de Acapulco; Miriam Ríos, comisionada del partido Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán; de Sergio Hueso, aspirante del mismo partido a la presidencia municipal de Armería, en Colima; quien buscaría la presidencia municipal de Suchiate, por el Frente Amplio por México, David Rey González Moreno; del regidor del PAN Alfredo Giovanni Lezama Barrera, asesinado el pasado jueves al interior de un gimnasio en Cuautla. Para las familias de todos ellos, nuestras condolencias y solidaridad.
Estos atentados se dan en un contexto en el que se advierte que 25 por ciento de distritos electorales federales se encuentran bajo el asedio de la violencia, como lo han documentado el periódico “Reforma” y el propio INE. En el mapa de riesgo del medio impreso, en su edición del 14 de enero, se señala que “Rumbo a la elección del 2 de junio, las principales regiones afectadas son la de Tierra Caliente, entre ellas el Estado de México, Guerrero y Michoacán, por la disputa violenta de “La Familia Michoacana” con grupos rivales y las extorsiones que realiza a las autoridades y pobladores”.
Por su parte, en diciembre el gobierno federal instaló la llamada Mesa de Seguridad Interinstitucional para el Proceso Electoral Federal 2023-2024, con presencia casi exclusiva de servidores públicos del gobierno federal o de la Fiscalía General de la República. A diferencia de lo sucedido en procesos ocurridos en sexenios anteriores, y este es un detalle que podría resultar crucial para explicar los alarmantes niveles de violencia que ya se viven, no se verifica la participación de las dirigencias de los partidos políticos.
Esta indisposición del Ejecutivo y su equipo nos habla de una muy sospechosa postura que se autopriva de mecanismos de inteligencia e información oportuna. Es bien sabido que en muchas ocasiones la existencia de canales fluidos y confiables de comunicación entre las dependencias de seguridad y los actores políticos ha resultado crucial para conjurar e inhibir la violencia… pero ante un gobierno cuyo jefe máximo felicita al crimen y termina siendo beneficiado por el crimen ¿cómo se puede confiar y entregarle información crítica?
Mientras esto sucede y los canales de comunicación siguen rotos por las posturas intransigentes, los ciudadanos marchamos hacia un proceso inexorable que habrá de definir el futuro político del país, e incluso, la supervivencia o no de la democracia mexicana para los próximos 30 o 40 años.
El gobierno mexicano tiene las herramientas jurídicas y operativas, desarrolladas en los últimos 29 años, necesarias para implementar una estrategia y acciones pertinentes. Sin embargo, hemos constatado que estas no se aplican como se debe y más bien se utilizan para perseguir a los adversarios y críticos. Esta actitud explica en buena parte el naufragio en materia de seguridad.
En cantidades totales, habrán de ser electos 20 mil 367 cargos de elección popular tanto en el ámbito federal como estatal y municipal, lo que totaliza aproximadamente 50 mil participantes directos en situación de riesgo, más dirigencias, liderazgos y sus propias familias. Esta situación de desgobierno y descontrol no puede continuar. Por lo anterior, hacemos un llamado serio y urgente al Presidente para que se habiliten los canales de diálogo institucionales y se pueda enfrentar a la violencia con visión de Estado y dejando a un lado los favoritismos partidistas que son tan caros para él. Lo que está en peligro es la propia estabilidad del país y de su administración.