Mientras los ciudadanos de Acapulco esperaban iniciar un 2024 “felices”, como se los adelantó el presidente de la República en más de una ocasión, una serie de eventos delictivos se encargaron de recordarles que la crisis que dejó “Otis” no ha terminado, que falta mucho por hacer, que los discursos políticos, visitas fugaces, ayudas emocionales y espectáculos con fuegos pirotécnicos en la bahía, no han sido suficientes.
Los encargados de recordarles que los sueños y deseos no podían durar más de 10 días de este 2024 fueron los grupos delictivos encargados de “cobrar piso” al transporte tanto regular como irregular, quienes ante el incumplimiento de las cuotas “acordadas” quemaron algunas de sus unidades vehiculares.
Así lo adelanté que sucedería en este espacio el pasado 29 de noviembre del 2023 y más pronto que tarde el tiempo me dio la razón. No hay que ser adivino para ver lo que pasará en el futuro con problemas que han estado presentes en Acapulco durante los últimos 10 años y que se agudizaron tras el paso del huracán, basta ordenar la información y darle sentido a la misma en un ejercicio de elemental prospectiva.
Si extorsionar al concesionario del transporte público que cuenta con su documentación en regla es relativamente fácil para la delincuencia, hacerlo en contra de quien no cumple con algún requisito que marca la ley a nivel local y federal es más fácil; es por ello que los grupos delictivos se meten a esta dinámica y permanecen allí hasta sacar provecho de la situación, sabiendo que el margen de maniobra de los transportistas es muy limitado y terminarán cediendo a sus intereses.
Es como si una persona con una herida en un pie lo metiera a un estanque lleno de pirañas, es obvio que más de una lo comenzará a morder hasta dejar únicamente los huesos, pero si ese mismo ejercicio lo hace alguien con un pie sano la posibilidad de salir ileso aumenta ya que no existe un sitio por donde puedan atacar.
La fragilidad del transporte público en Acapulco es tal que la mayoría de ellos traen alguna “herida” en los documentos de sus vehículos y sus permisos que los vuelve más vulnerables a los embates de los grupos delictivos e incluso de las propias autoridades.
Por lo que toca a éstas últimas, ahora tendrán una doble responsabilidad, evitar que los concesionarios e incluso los transportistas irregulares sean víctimas de la delincuencia y al mismo tiempo apoyar a los ciudadanos que a partir del 11 de enero se quedaron sin medios para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas y otras actividades ordinarias, ya que a partir de esa fecha a través de mensajes de whats app les mandaron decir que si salían a laborar con sus unidades estas serían incendiadas, por lo que ante tal amenaza, así como la quema previa de algunas de ellas (7, 9 y 11 de enero), el homicidio de un transportista (10 de enero) y las lesiones a otro (11 de enero), optaron por dejar de circular. La autoridad por su parte se anotó una verdad de Perogrullo diciendo que se trataba de un mensaje falso, como si los mensajes de la delincuencia se registraran previamente ante notario público.
Ante dicha situación policías municipales y estatales primero y elementos de la Guardia Nacional después, pusieron a disposición de los ciudadanos de Acapulco algunas de sus unidades pickup y camiones “costeros”, respectivamente, para el traslado a sus sitios de trabajo, al tiempo que realizaban sus patrullajes en espera de que el servicio se restableciera.
Sin duda que lo realizado por las corporaciones en materia de traslado de personas es bienvenido pero su vocación no es esa, ya que mientras se dedican al transporte, los delincuentes tienen tiempo para causar más desorden, sobre todo en materia de extorsión y “cobro de piso”, el cual por lo visto llegó para quedarse.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
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