El pasado 8 de enero, durante una forzadísima y cuestionable convocatoria a Sesión extraordinaria, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la extensión del mandato de Ernestina Godoy como fiscal, planteando interrogantes no solo sobre el futuro de Godoy sino también sobre el rumbo de Morena en la Ciudad de México.
Después de meses de presiones y tácticas intimidatorias hacia los diputados de la oposición, en el Congreso capitalino no se logró la votación necesaria para mantener a Godoy en su puesto. Este rechazo evidencia el hartazgo ante la impunidad y el uso faccioso de las instituciones.
Concluye así una era marcada por la fabricación de delitos, la persecución a opositores y la falta de acceso a la justicia para miles de víctimas. La fiscalía, que alguna vez fue un ente independiente, dejará de ser el brazo persecutor de Morena para sus venganzas políticas.
Sin embargo, es crucial examinar los argumentos que llevaron a este rechazo y cómo esta decisión afectará el futuro de la justicia en la capital.
Godoy enfrentó acusaciones serias, desde el plagio en su tesis profesional hasta su falta de comparecencia ante el Congreso capitalino. Se le señaló por solicitar todos los registros telefónicos de opositores, obstruir investigaciones y mostrar indiferencia ante tragedias como el caso de las hermanas Sofía y Esmeralda que cayeron en una alcantarilla o los 26 muertos que implicó la caída del metro en 2021.
La lista de cuestionamientos es extensa, y la apertura de una carpeta de investigación por narcomenudeo a la Diputada Luisa Gutiérrez justo después de que anunciara su voto en contra de la ratificación de Godoy confirmó el uso de la fiscalía con fines políticos.
No obstante, el relevo de Godoy no garantiza automáticamente un cambio positivo. La designación del fiscal encargado de despacho, Ulises Lara López, abre para los habitantes de la CDMX otro capítulo de cuestionables métodos. Su nombramiento, realizado en las últimas horas del mandato de Godoy, parece más una maniobra política que una elección basada en méritos.
Lara López, quien no cumple con los requisitos constitucionales para ser Fiscal, obtuvo misteriosamente una nueva cédula profesional en un día este 2024, en una universidad poco reconocida, levantando serias dudas sobre la transparencia y la integridad del proceso.
Así, aunque la no ratificación a Godoy pueda ser vista como un paso hacia la rendición de cuentas, la designación de su sucesor plantea interrogantes sobre la verdadera naturaleza de la fiscalía y sus compromisos con la justicia y la imparcialidad.
Sin embargo, por ahora la oposición podrá celebrar su triunfo contra esta descarada tiranía ¿Estamos ante el fin de la impunidad o simplemente ante un cambio de actores en el mismo escenario? Solo el tiempo lo dirá, pero sin duda, despierta esperanza en que la ciudad puede (y desea) un cambio que nos lleve al fortalecimiento e independencia de las instituciones.
POR ITZEL ARELLANO CRUCES
Jefa de Oficina de la Coordinación del GPPAN en la Cámara de Diputados
MAAZ